El gobierno de Gustavo Petro concluye y ya es posible hacer el balance de una administración que prometió convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”, pero deja un país con una política exterior divorciada de sus alianzas históricas, profundamente polarizado y con instituciones tensionadas.

Petro apeló a la diplomacia del micrófono abriendo enfrentamientos diplomáticos innecesarios. Perú calificó sus declaraciones sobre la crisis política de ese país como una “injerencia inaceptable”, a la par que el saliente mandatario colombiano pretendió crear un inexistente conflicto fronterizo en la Amazonía apelando a la bandera nacionalista. Ecuador, por su parte, retiró temporalmente a su embajador en Bogotá después que Petro interviniera públicamente en el caso del exvicepresidente Jorge Glas. Esta exposición conflictiva se repitió con demás países de la región en donde su incontinencia verbal y afán de ganar protagonismo derivó en choques ideológicos y confrontaciones abiertas con El Salvador, Argentina, Bolivia, Paraguay y hasta con Chile bajo el gobierno de Gabriel Bóric.

Su actitud frente al dictador Nicolás Maduro también produjo una profunda decepción. Aunque tardíamente pidió la publicación de las actas electorales y no reconoció plenamente el cuestionado resultado venezolano de 2024, Petro es el único mandatario extranjero que visitó Caracas en 2026 mientras mantenía una posición ambigua y complaciente frente al régimen autoritario que empobreció y causó la diáspora de millones de venezolanos.

Durante su gobierno, las relaciones con Estados Unidos atravesaron acusaciones, retiro de representantes diplomáticos, invocaciones públicas hechas en Nueva York a los militares estadounidenses para que desconozcan la autoridad de su Comandante en Jefe, retiro de su visado e inclusión suya junto a su entorno familiar directo en listados punitivos, junto a choques que pusieron en riesgo una asociación estratégica construida durante décadas.

Al mismo tiempo, Petro convirtió el conflicto de Medio Oriente en uno de los ejes centrales de su presidencia. Rompió relaciones diplomáticas con Israel, anuló acuerdos de defensa de larga data, prohibió las exportaciones de carbón y llevó a Colombia a intervenir en el proceso promovido por Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal general fue finalmente separado del cargo bajo acusaciones de acoso sexual.

No puede afirmarse responsablemente que existiera una alianza formal con Hamás o Hezbolá. Sin embargo, su discurso no estableció una condena inequívoca del terrorismo islamista que asesinó a israelíes y extranjeros el 7 de octubre de 2023, entre ellos, los colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías Montaño. El resultado fue una política exterior hostil hacia Israel, suscripción a las narrativas defendidas por grupos terroristas respaldados por Irán y promoción abierta del antisemitismo.

En el plano doméstico, persiste aún en desconocer los resultados electorales que le fueron adversos del 21 de junio pasado, incluso, a pesar que observadores internacionales, entre ellos la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, rechazaron sus denuncias de fraude al calificar el proceso electoral colombiano de 2026 como transparente, ordenado y fluido.

Enarboló la bandera de la “guerra a muerte” y justificó las acciones asesinas del M19. Su llamada “paz total” terminó otorgando tiempo y espacio territorial a estructuras armadas. Un informe de seguridad presentado por DW Español señaló que los grupos ilegales aumentaron aproximadamente un 45 % desde 2022. Dialogar para alcanzar la paz es legítimo; hacerlo sin controles, condiciones ni protección efectiva para la población terminó fortaleciendo a quienes viven del narcotráfico, la extorsión y la violencia.

Durante su administración, Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplimientos del contrato con Panam Sports. Fue una derrota para el deporte y para la imagen internacional de Colombia.

Petro deja algunos indicadores económicos positivos, pero también dificultades fiscales, incertidumbre para la inversión y una pobreza que todavía, según datos de la OCDE, afectaba al 35,5 % de la población en 2025. Sus discursos internacionales y batallas ideológicas ocuparon demasiado espacio mientras millones de colombianos esperaban soluciones concretas en seguridad, salud, educación, empleo y costo de vida.

El final de este gobierno debe servir para recuperar la prudencia diplomática, el respeto institucional y la prioridad fundamental de cualquier presidente: gobernar para todos los colombianos y no solamente para su proyecto político.

(*) Licenciado en Educación e Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén