El reciente discurso de juramentación de la presidenta Keiko Fujimori ha definido las prioridades del nuevo gobierno: recuperación económica, promoción de la inversión privada, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, modernización del Estado y ampliación de algunos programas sociales. Sin embargo, desde la perspectiva de la “Coordinadora Nacional del Frente Único de Trabajadores del Perú”, el mensaje presidencial deja un vacío que no puede pasar inadvertido: la ausencia de una política laboral integral que coloque a los trabajadores como protagonistas del desarrollo y no únicamente como un factor de producción.

Es justo reconocer los aspectos positivos del discurso. La decisión de incrementar la Remuneración Mínima Vital, fortalecer programas sociales como Pensión 65 y Beca 18, combatir la anemia infantil, impulsar proyectos de infraestructura y ratificar el compromiso con la lucha contra la corrupción constituyen señales que responden a demandas ciudadanas largamente postergadas. No obstante, el desarrollo nacional exige mucho más que buenas intenciones y anuncios de inversión. Requiere una visión que entienda que el crecimiento económico solo adquiere legitimidad cuando mejora efectivamente las condiciones de vida de quienes generan la riqueza del país: los trabajadores.

El discurso presidencial plantea que los principales motores del desarrollo serán el trabajo, la inversión y la empresa. Sin embargo, la lógica presentada coloca al empleo como una consecuencia automática del crecimiento económico, sin reconocer que la calidad del trabajo depende también de instituciones laborales sólidas, de un sistema efectivo de protección de derechos y de organizaciones sindicales capaces de equilibrar la relación entre capital y trabajo.

La experiencia peruana demuestra que es posible crecer durante años sin reducir significativamente la informalidad, la precariedad laboral ni la desigualdad. Por ello, la Coordinadora sostiene que el crecimiento debe ir acompañado del fortalecimiento de la negociación colectiva, el respeto irrestricto de la libertad sindical, la ampliación de la cobertura de las organizaciones de trabajadores y la participación efectiva de estas en el diseño de las políticas públicas. Una economía moderna necesita diálogo social permanente y no únicamente acuerdos entre el Estado y el sector empresarial.

El incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 1,300 constituye un avance, pero resulta insuficiente si no forma parte de una política permanente de recuperación salarial. La remuneración mínima no puede depender de decisiones políticas ocasionales. Debe responder a criterios técnicos objetivos vinculados a la inflación, la productividad y el costo de vida. Asimismo, preocupa que el anuncio venga acompañado de medidas compensatorias para las empresas sin establecer mecanismos equivalentes para fortalecer el ingreso real de los trabajadores o recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Otro de los grandes desafíos del país continúa siendo la informalidad laboral, que afecta a más del 70 % de la población ocupada. El discurso promete reducirla sin afectar derechos laborales, pero no explica cómo alcanzará ese objetivo. La formalización no puede limitarse a simplificar trámites administrativos. Requiere fortalecer la SUNAFIL, incrementar el número de inspectores, crear incentivos tributarios vinculados a la generación de empleo formal, ampliar la protección de los trabajadores independientes y garantizar el acceso universal a la seguridad social. Sin instituciones fuertes, la formalización seguirá siendo una promesa incumplida.

Una de las omisiones más significativas del mensaje presidencial fue la ausencia absoluta del movimiento sindical. Se reconoció el papel de empresarios, emprendedores, agricultores, jóvenes y gobiernos regionales, pero no hubo una sola referencia a los sindicatos, federaciones o centrales sindicales. Esta exclusión resulta preocupante porque las democracias más sólidas del mundo construyen sus políticas laborales mediante un diálogo tripartito entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Ignorar a uno de estos actores significa debilitar la legitimidad de las decisiones públicas y reducir los espacios de concertación social.

Especial preocupación merece la propuesta de reforma del Estado. El Gobierno plantea impulsar la simplificación administrativa, la digitalización y la desregulación como ejes de la modernización pública. Los dos primeros objetivos son ampliamente compartidos; sin embargo, la referencia a la desregulación despierta legítimas inquietudes. Bajo ese concepto podrían justificarse el debilitamiento de los mecanismos de control, la flexibilización de las normas laborales o la reducción de las capacidades fiscalizadoras del Estado. Desde una perspectiva sindical, la eficiencia no puede confundirse con un Estado mínimo. Un Estado moderno debe ser eficiente y transparente, pero también suficientemente fuerte para supervisar el cumplimiento de la legislación, proteger los derechos fundamentales y garantizar condiciones de competencia justas. La reducción indiscriminada de regulaciones puede favorecer intereses particulares, pero difícilmente no fortalecerá la justicia social ni la confianza ciudadana en las instituciones.

En materia de seguridad ciudadana, el Gobierno propone fortalecer la Policía Nacional, incorporar inteligencia artificial, ampliar la videovigilancia y recurrir temporalmente al apoyo de las Fuerzas Armadas. Estas herramientas pueden contribuir a enfrentar el crimen organizado, pero resultan insuficientes si no se complementan con políticas preventivas basadas en la generación de empleo juvenil, la capacitación técnica, la recuperación de espacios públicos, el acceso a la educación, la cultura y el deporte. La evidencia internacional demuestra que la seguridad sostenible también depende de reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades de inclusión.

Finalmente, sorprende que un discurso presidencial de más de una hora prácticamente haya omitido una agenda de reforma laboral. No se abordaron temas esenciales como la negociación colectiva, la inspección laboral, la seguridad y salud en el trabajo, la regulación de las plataformas digitales, la igualdad salarial, la tercerización o el fortalecimiento institucional de las organizaciones sindicales. Estas omisiones contrastan con la magnitud de los desafíos laborales que enfrenta el país.

El Perú necesita inversión, estabilidad macroeconómica e infraestructura, pero también necesita fortalecer el trabajo digno como pilar del desarrollo nacional. Los trabajadores no pueden ser considerados únicamente un recurso para aumentar la productividad. Son ciudadanos con derechos, actores fundamentales de la economía y protagonistas de la construcción democrática. Tal como sostiene la Coordinadora Nacional del Frente Único de Trabajadores del Perú, el verdadero éxito de un gobierno no se medirá únicamente por el crecimiento del producto interno bruto, sino por su capacidad para traducir ese crecimiento en empleo formal, salarios dignos, protección social, diálogo democrático y una distribución más justa de la riqueza. Solo así será posible construir un país donde el progreso económico camine de la mano con la justicia social.

(*) Abogado, Periodista y Sindicalista; Presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Secretario General de la Coordinadora Nacional del Frente Único de Trabajadores del Perú.