El ministro de Defensa, exsuboficial de la Policía Nacional del Perú y posteriormente abogado, ha manifestado que los abruptos cambios en la Comandancia General del Ejército y en la Fuerza Aérea se deben a decisiones discrecionales -ejercidas “conforme a ley” por el Presidente de la República- porque así está previsto en la Constitución que tanto denuesta y que quiere cambiar.
Lo que no recuerda el señor ministro de Defensa es que, ya como abogado, planteó una acción de amparo absolutamente irregular para paralizar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a través del Poder Judicial, invocando para ello que, siendo una facultad discrecional del Congreso, debía hacerse acorde a las leyes, a la jurisprudencia y al estado democrático de derecho. Es decir, una vez más el doble rasero.
Lo que no resultó bien para el Congreso, en la designación del Tribunal Constitucional, y que lo hiciera famoso a través de un amparo que lo catapultó hasta el Ministerio de Defensa, ahora desde el MINDEF ya no es válido cuando se trata de licenciar de mala manera y peor forma a los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, a través de una resolución en El Peruano, sin mediar aviso previo, sin comunicación ninguna y sin que hayan tenido la cortesía de avisarles , a tan solo tres meses del nombramiento por el propio Presidente Castillo.
Bajo el pensamiento del Ministro de Defensa, el Presidente de la República podría cambiar, irrazonablemente, todos los días a los comandantes generales hasta encontrar uno que le sea afín a su ideología política y a su quehacer para poder manipular a su antojo a las FFAA. Total, adeptos y ambiciosos de poder siempre hay. Sin embargo, esto no es correcto ni legalmente ni constitucionalmente porque rigen principios de razonabilidad y de aplicación correcta del derecho que impiden que esa discrecionalidad se convierta en arbitrariedad.
Hay que recordar que el propio Tribunal Constitucional ha consagrado el principio de la interdicción de la arbitrariedad. En consecuencia, no hay modo de convalidar lo que acaba de ocurrir. Las mismas razones por las cuales fueron designados los comandantes generales hace tres meses, siguen siendo válidas ahora.
Y no hay ninguna explicación razonable y ponderada que justifique este abrupto cambio y mucho menos en la forma en que se ha dado. A menos, claro está, que lo que no se quiera decir, es que estos comandantes se hayan negado a hacer ascensos de favor a aquellas personas que quisieron ser indebidamente beneficiadas por el Presidente de la República en contra de la meritocracia institucional. Y que al haber salvado el correcto proceso de ascensos, al final hayan terminado pagando caro con sus cabezas esta determinación firme de no prestarse a la manipulación política en los ascensos de las Fuerzas Armadas, lo que siempre ha sido una tradición en la mala política en el Perú.