A través de los medios de prensa nos enteramos de la utilización por civiles de armas de juego, explosivos y municiones, sin que exista autorización para ello, con los cuales se cometen infinidad de hechos delictuosos de sangre con pérdidas de vidas y muchas veces con grave afectación de la integridad de incalculables seres humanos.
Por repetitivo, ya parece regular que se usen hasta granadas para la perpetración de delitos, siendo frecuente conocer la noticia de explosiones ocasionadas por granadas y últimamente hasta se han derribado torres de transmisión de electricidad de alta tensión en la provincia de Pataz, hechos en que se han usado explosivos.
Por otro lado, también se ha hecho de conocimiento público, que armas originadas en el Perú han ingresado a Ecuador y probablemente con ellas se han cometido ilícitos penales en actos de protesta bastante recientes.
Todo lo expuesto es altamente preocupante, pues de acuerdo a nuestra Constitución existen dos grandes grupos de armas, las de guerra, como las que no lo son. El uso de las primeras está circunscrito a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las demás armas, para su comercio, fabricación, posesión y uso por particulares, está sujeto a los permisos y autorizaciones que otorga el Estado a través de SUCAMEC, que también autoriza el uso de explosivos sobre todo en las actividades mineras, así como en la construcción de carreteras, túneles y otras obras importantes.
Si ello es así, es insólito que, con granadas, cuya posesión sólo puede estar en manos de las fuerzas del orden, es decir de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lleguen a manos de delincuentes con los que cometen serias fechorías. Lo mismo sucede con fusiles de guerra, entre otras armas que hasta han salido del país en ruta al extranjero, a lo que se agrega la utilización de explosivos para gravísimos hechos delincuenciales.
Parecería ser que las armas de guerra con sus municiones, a la vez que explosivos, hayan sido sustraídos de los polvorines, armerías y arsenales militares y policías, lo que significa que las medidas de seguridad no son lo suficientemente efectivas para evitarlo y que, quienes son autores de las sustracciones no son ni identificados ni menos procesados ni sancionados.
Por lo últimamente expuesto, es urgente que se revisen los procesos de seguridad en el almacenaje de las armas, explosivos y municiones, así como que las inspectorías del Ejército, Marina, Aviación, Policía y Ministerio de Defensa actúen con la diligencia debida, pues que sepamos no vemos hasta ahora expuestos al escrutinio público, a quienes han delinquido apropiándose de los bienes mencionados que están solventados desde el Erario Nacional con nuestros impuestos.
También la Contraloría General de la República debería tomar cartas en el asunto, para dar las recomendaciones que corresponda, para la mejora de las medidas de control en el almacenamiento de los bienes a que nos referimos.
Es inadmisible que, de los cuarteles y comisarías, puedan desaparecer dichos bienes peligrosos, a la vista y paciencia de las autoridades, sin que hasta ahora hagan lo pertinente para impedirlo.
