Comenzaré esta columna haciendo una aclaración y ella es que no me refiero a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sino al Oleoducto Norperuano, que también se conoce con la misma sigla.
La ONP en la práctica está quebrada, pues los aportes previsionales no alcanzan para el pago de pensiones, teniendo el Estado que meter la mano al Tesoro Público para cubrir anualmente el déficit,
En cuanto al ONP, recorre en longitud de 852 kilómetros, los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, iniciándose en la estación 1 en Urarinas (Loreto) hasta llegar a Bayóvar (Piura), con la finalidad de transportar hacia la refinería del norte, el crudo extraído en la selva.
El oleoducto en cuestión tiene 45 años de operación, pero es en los últimos años donde más “accidentes” se han producido en su recorrido de selva, con el resultado que las roturas en el mismo han generado que el crudo se expanda por los bosques selváticos y sus ríos, produciendo un enorme daño ambiental, afectando flora y fauna y haciendo imposible la pesca para el sustento en algunos ríos.
Evidentemente la contaminación ambiental a quienes más perjudica es a los habitantes de la floresta amazónica, muchos de ellos integrantes de comunidades campesinas originarias, tanto contactadas como no contactadas.
La Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) así como el operador del oleoducto, que es la empresa estatal PETROPERÚ, han constatado que muchísimos de los accidentes con derrame de crudo, han sido provocados, esto es daño por mano humana, en la mayoría de las veces de las comunidades cercanas al oleoducto.
Las serias embestidas contra el oleoducto, no son poca cosa, se trata de perpetración de varios delitos, entre los cuales se encuentra el de daños y delitos ambientales, para comenzar.
Se ha podido establecer que quienes perpetran los delitos aludidos lo hacen para extorsionar (que es otro delito) a Petro Perú, a fin de que contrate a los nativos de las localidades de la Amazonía por donde fluye el crudo, para que otorguen vigilancia y seguridad al oleoducto, entre otras prebendas.
La operadora del oleoducto, lejos de encausar penalmente a los responsables del estropicio, parecería ser que tiene un papel pasivo, por lo cual los ataques se seguirán produciendo, ante la inercia de la empresa estatal. Si hubiese acciones penales, con identificación de los delincuentes, su arresto y cumplimiento de pena privativa de libertad, probablemente otro gallo cantaría, por el efecto disuasivo de las sanciones.
Reconociendo que es imposible dar seguridad a todo el oleoducto con acciones policiales, es factible que el avance tecnológico haya producido algún sistema preventivo de monitoreo de los ataques al oleoducto, pero que sea oportuno y no cuando el daño sea irreversible. Por más onerosas que pudiesen ser las acciones preventivas, será muchísimo menor que el daño ambiental. El último corte delincuencial fue de más de 150,000 galones de petróleo crudo, daño que es en adición a los producidos por incendios forestales.
