La minería, desde tiempo inmemorial, es una de las actividades que ha tenido crecimiento sostenido, que nos ha permitido ingreso cuantioso de divisas, que ha contribuido a que tengamos la balanza comercial superavitaria, que ha dado trabajo a innumerables personas, que ha hecho posible generar actividades económicas complementarias y lucrativas a quienes residen en los centros poblados influenciados por la minería y, además ha significado altos ingresos tributarios con los que se ha solventado buena parte de las obligaciones del Estado.
No voy a repetir cifras pues ya son conocidas y expuestas en los medios de expresión, pero si mencionar el malestar ciudadano por haberse cambiado la direccionalidad en ascenso de la actividad minera, que en los últimos tiempos va al descenso.
El Instituto Fraser en su reporte Survey of Mining Companies, ha informado que el Perú descendió en el ranking mundial de competitividad minera del puesto 34 al 42. Estábamos ubicados en el 50% más notable y hemos descendido al 50% menos exitoso. Algo parecido sucede en la percepción política en cuanto a su influencia en el desarrollo minero, pues hemos caído nada menos que en 27 plazas, al pasar del puesto 42 al 69, lo que francamente es un panorama desolador, pues los motivos del descenso no son corregidos.
Las causas de la situación, en modo decreciente, se debe a varias motivaciones, una de ellas es la repetitiva propuesta de cambiar nuestra Constitución con otras reglas de juego en el aspecto económico, lo que razonablemente hace que nuevas inversiones esperen conocer la nueva normatividad. Por otro lado, las autoridades gubernamentales que asumieron la conducción del país el 28 de julio último, se han prodigado en expresar su intención de subir los impuestos a la minería y, si bien somos país minero, también hay muchos otros que lo son y que pudiesen ser más competitivos en caso del cambio regulador en el Perú.
Sin embargo, consideramos que lo que más contribuye al descenso y a la desmotivación en los inversores mineros, es la conflictividad social, sin que el Estado realice con eficiencia su obligación de articulador, de ser bisagra para buscar soluciones adecuadas y justas, pero lo que es peor, el cruce de brazos de las autoridades que dejan que los antisociales hagan lo que les de la gana, impidan la utilización del agua en la explotación minera, que interrumpan el tránsito en el llamado corredor minero, que incendien campamentos y encima agredan a los trabajadores del sector.
Penosamente se consigue que la Policía, de ser actora en la restitución del orden público pase a ser simple veedora de las transgresiones, pues las autoridades políticas de mayor nivel, les impiden que cumplan con su deber y hasta las exponen a ser blanco de las agresiones.
Los errores no se corrigen, se intensifican, sino veamos cual es la experiencia del nuevo Director de Minería, que proviene de un mercado de productos de primera necesidad. Hay dudas sobre si diferencia las verduras de los minerales.
