En la última década, se ha incrementado el desorden político, en vías de superación desde la asunción al mando de la Nación de José Jerí Oré y de su Gabinete Ministerial presidido por Ernesto Álvarez Miranda, ambos con la decisión y ánimo de revertir la situación descontrolada que encontraron.

Pero no solo encontraron descontrol político, sino desorbitado aumento de la delincuencia y con nuevas modalidades delictivas en el Perú, como son las extorsiones que llevan a violencia, lesiones y homicidios.

También encontraron a una Policía desmotivada y lo que es peor, temerosa de enfrentar a la delincuencia, pues cuando la repelen, penosamente el Ministerio Público -léase Fiscalía- como el Poder Judicial, los someten a casi perpetúas investigaciones y procesos judiciales interminables y muchas veces con privación de libertad, perdiendo la tranquilidad, ascensos institucionales y hasta a veces la familia más cercana,  Se ajusta a los guardianes del orden y la seguridad, y se es benigno con los delincuentes. Francamente ¡de locura!

Quienes más han sufrido con las extorsiones son los transportistas, tanto de pasajeros como de mercancías, aunque sin olvidar a comerciantes, cafeterías, restaurantes, mercados y espectáculos públicos sobre todo musicales-artísticos.

En anteriores gobiernos, para enfrentar el flagelo de las extorsiones se crearon mesas de estudio y diálogo y muchísimo ofrecimiento de mejorar las acciones policiales contra el delito.  Hubo mucha promesa y poca acción.

En el actual gobierno las promesas se han ido haciendo realidad, pues los transportistas han sido recibidos por las más altas autoridades gubernamentales, a las que se les ha pedido acciones concretas contra la criminalidad organizada.  A su vez las autoridades que están bajo la conducción del actual presidente de la República han solicitado a los transportistas ayudar en las investigaciones con datos certeros y sin ocultamiento de nada.

El Estado ya comenzó a actuar con decisión, tanto es así que se acaba de publicar la Ley N°32490 con medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión en las empresas de transportes.  También se ha creado una división especializada, en la Policía Nacional, para la investigación de las extorsiones, más medidas administrativas para que la institución policial cuente con el armamento conveniente y con parque automotor en buenas condiciones para participar en las operaciones pertinentes.

Pese a todo lo expuesto y a la buena disposición gubernamental, los transportistas anunciaron un paro, ejecutado parcialmente por ellos el día de ayer y con diversas modalidades, como es la de “motores apagados”, permaneciendo los omnibuses en sus depósitos, otros vehículos de transporte en las calles y sin transitar, aunque impidiendo el tránsito de otros vehículos cuyos conductores tienen todo el derecho de transitar y trabajar.  Hubo otra modalidad, que es la marcha de omnibuses y camiones en fila, pero estorbando el tránsito del transporte particular y colectivo, que perjudica a la población en su deseo de ser transportada y llegar a tiempo a sus actividades cotidianas.

La protesta en si es legítima, aunque las modalidades mencionadas causan más caos que soluciones y peor cuando quien tiene que atender las reclamaciones, que es el gobierno, como repetimos, ya está accionando, pero como sabemos los resultados no hay forma de que sean inmediatos.