Existen muchísimas instituciones privadas en nuestra patria, que reciben cooperaciones del exterior, sea en dinero, bienes o en servicios.

Se supone que esas cooperaciones, vía donaciones, provenientes del exterior, tienen un buen destino, como por ejemplo asesoría para estudios universitarios, preparación de proyectos como pueden ser los gasíferos, los eléctricos, los de hidrocarburos, los de edificaciones de obras públicas como también privadas y muchísimos otros objetivos.

Lamentablemente no siempre la cooperación internacional tiene un buen destino, pues hay veces que se ha encontrado que los recursos del exterior que vienen como donaciones, se emplean mal, incluso a veces delictivamente o para perpetrar acciones contra nuestra normatividad jurídica.

En efecto, la cooperación internacional ha servido para financiar actividades ilícitas, subversivas, delictivas o delincuenciales que muchos daños han hecho al Perú. Recordemos nomas que el MOVADEF tenía el marco teórico e ideológico para acciones que claramente estuvieron definidas como terrorismo, causando enormes pérdidas de vidas, así como inmensos perjuicios a propiedad pública como privada.

Evidentemente las donaciones del exterior, sobre todo a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), peruanas o del exterior, pero este último caso con brazos comunicantes en nuestra patria, requieren ser fiscalizadas, no solo para que no nos hagan daño, sino para ver si se cumplen con sus objetivos o, si los bienes o dinero que reciben van a los fines que anuncian o hay desvíos, muchos de ellos hasta descarados.

Como vemos es absolutamente legítimo que el Estado se interese de dónde provienen los bienes y recursos, cuál es el destino teórico de ellos y si tal destino se llega a cumplir.  Para ello y por Ley 27692 aprobada y promulgada en abril del 2002 se creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El control de APCI lamentablemente no fue lo amplio que debía ser, ya que se limitó al origen de la cooperación vía donaciones y a su destino teórico, más no si este último se cumplía, ya que incluso hay veces que hasta las oficinas de las ONGs que reciben las donaciones y sus vehículos, se emplean como viviendas lujosas y transporte de los principales funcionarios de tales ONGs.

Para subsanar las debilidades y limitaciones de APCI, por Ley 32301 publicada en abril del año pasado, entre otras normas se dispuso que ella “es el órgano responsable del control, supervisión y fiscalización de la cooperación técnica internacional y la correcta utilización de los recursos que reciben, de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación internacional ….”

Evidentemente al ala siniestra de nuestra política no les convence la existencia de APCi y sus ampliadas funciones y facultades, por lo cual pretenden la derogación de la Ley 32301, por lo que tenemos que estar atentos para que ese despropósito no se haga realidad.

El Estado tiene absoluta legitimidad para hacer que APCI cumpla con hacer los controles y fiscalización debida y así evitar que la cooperación económica internacional no tenga desviaciones de ninguna especie. Necesitamos que APCI sea sumamente ágil y no coja como la desean los antisociales hartamente conocidos.