Sin pretender ser un cronista parlamentario ni mucho menos, debo admitir que el pasado nueve de junio de este año, el congresista Waldemar Cerrón sorprendió gratamente a muchos que seguimos la labor parlamentaria, presentando el proyecto de Ley 53061-2022-CR.
Este proyecto tiene por finalidad incentivar la electro movilidad y el cambio de matriz energética en el transporte nacional.
Esta iniciativa se da en un escenario donde hay una creciente demanda de vehículos eléctricos, teniendo como referencia el reporte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos donde da cuenta que en el último año, Perú ha experimentado un crecimiento meteórico del casi ochenta y cinco por ciento en las ventas de este tipo de vehículos respecto al año 2021, habiendo logrado colocarse dos mil seiscientos ochenta unidades el año 2022.
Hoy nuestro país tiene en su mercado un abanico de 40 marcas con 75 modelos de automóviles y camionetas eléctricas.
Tenemos desde los híbridos convencionales, los híbridos enchufables y los eléctricos puros, un parque electromotor tan creciente, sumado a la variedad de ofertas, augura un crecimiento sostenido en la demanda de espacios donde los usuarios puedan cargar las baterías de sus automóviles.
Este déficit de estaciones de servicios de electricidad, infraestructura de recarga y espacios para energizarlos representará pronto un grave problema que este proyecto de Ley solucionaría, además de abordar temáticas tan importantes como maneras de incentivar el uso e inversión en unidades vehiculares eléctricas en el transporte público y privado, medidas que se tomarían luego de una evaluación técnico económica con la creación de una comisión multisectorial encargada para dicho fin.
La propuesta legislativa además contempla un registro nacional de centros de cargas, las instituciones públicas como los gobiernos locales y regionales deberán promover iniciativas para la construcción de electrolineras en zonas de alto tránsito.
Asimismo las instalaciones de entidades públicas y privadas como edificios multifamiliares, centros comerciales entre otros, obligatoriamente tendrán un plazo de dos años a partir de la vigencia de la norma para adecuarse a tener zonas de recargas.
En el caso de edificaciones nuevas se establecería un área mínima para dicho fin, como requisito para la aprobación del proyecto y emisión de la respectiva licencia de construcción.
De tener un congreso patriótico y coherente con el cuidado del medio ambiente este proyecto debería priorizarse y aprobarse en esta legislatura, que esperemos se amplíe.
Estas medidas son impostergables para contribuir a salvar el planeta.
