En mis casi 43 años de existencia nunca había visto protestar a un gremio exigiendo tan solo que el Estado cumpla su papel tuitivo de brindarles seguridad a sus ciudadanos; en todos los casos precedentes, estas manifestaciones de sectores económicos de la población hacían oír sus voces pidiendo algún tipo de beneficio o exoneración tributaria para el grupo que representaban.
¿Tan bajo estamos cayendo como sociedad? La situación incentiva un llamado al anarquismo, hoy se vigorizan las voces que dicen «que se vayan todos», el sistema democrático debe reaccionar, debemos recuperar el orden y la seguridad de nuestras ciudades. El gobierno, como respuesta al reclamo de los transportistas, declaró el estado de emergencia en catorce distritos de Lima y Callao. Muchos no saben si esta decisión se hace para combatir a los delincuentes o para reprimir el paro de transportistas que solo exigen al gobierno no morir en manos de los delincuentes o extorsionadores; ya un mototaxista fue asesinado por no pagar un cupo de siete soles a una pandilla de miserables que pretendió extorsionarlo.
La medida excepcional de sacar tropas a la calle y estar en emergencia un par de meses es solo una aspirina al dolor social inmenso que nos causa el cáncer generalizado que tiene el país producto de la delincuencia.
Por más positiva que parezca, solo reducirá la incidencia de las bandas criminales un tiempo para que vuelvan a la carga, con más ferocidad y tenacidad luego de sus vacaciones forzadas por esta situación.
Extirpar este tumor social pasa por 3 cosas íntimamente relacionadas y obligatorias que hacer. La primera es declarar en emergencia el sector interior, esto simplificaría las adquisiciones de nuevo equipamiento policial, construcción de comisarías y compra de vehículos/motos, cosa que debería hacerse con el control concurrente de la Contraloría General de la República para evitar actos de corrupción.
El segundo tema a abordar es el de la necesidad de tener mayor número de policías en las calles, para ello podría retornar la posibilidad de que personal de las fuerzas armadas reenganchado pueda ser capacitado rápidamente para convertirse en policías, sumar a esto un servicio voluntario de jóvenes aspirantes a la escuela de suboficiales y oficiales de la policía nacional del Perú, estos jóvenes podrías dedicarse a trabajo administrativo con la paga de una propina y la bonificación respectiva a momento de optar por una plaza para ser oficiales o subalternos de la institución.
La tercera meta que lograr es darle revestimiento, protección legal a las dos primeras propuestas y operaciones policiales, no es justo que cuando un policía bata a un delincuente protegiendo su vida o la de un ciudadano, en una operación contra la delincuencia, este efectivo sea procesado y perseguido indefinidamente.
Se debe tener en cuenta que la policía actúa para proteger a los peruanos. Mientras los delincuentes salen diariamente a ganarse la vida haciendo daño y asesinando a personas, estos últimos no pueden tener los mismos derechos que aquellos que nos protegen, ni de aquellos que viven sin hacerle daño a nadie, mucho menos de aquellos que contribuyen a la sociedad trabajando.
Los delincuentes deben tener derechos limitados por su actuar delictivo; ellos son los que sacan un arma para arrebatarle la vida a sus víctimas, y si son muertos en esa intención, debe protegerse a quien los mató sin la intensión de hacerle daño, pero sí con la intensión de proteger a las víctimas.
Es momento de que el gobierno tome medidas drásticas. El estado de emergencia se justifica solo y siempre que este sea para tomar medidas como las ya descritas que terminen con el mal de fondo que es la delincuencia. Solo así se podrá recuperar la seguridad y no simplemente hacer show para la platea que terminará aborreciendo a quien intentó engañarlos.
