La minería pequeña y la artesanal (MAPE) es una realidad social y económica que viene ocupando a miles de peruanos directamente. A nivel mundial, instituciones internacionales como el Banco Mundial estiman que 10 millones de personas obtienen su sustento de ese estrato y aproximadamente 100 millones dependerían indirectamente; mientras el Consejo Mundial del Oro considera que su producción equivaldría al 20% del total anual globalmente.

En el país, desde Piura hasta Madre de Dios, pasando por La Libertad, Arequipa y Puno, miles de familias dependen de esa actividad que, por décadas, se le asocia a la informalidad, precariedad y daño ambiental; sumándole ahora a la criminalidad infiltrada. El reto mundial y, en especial, en el Perú no es eliminarla, sino transformarla hacia un modelo sostenible, formal, responsable y competitivo.

 

Entre la necesidad y la oportunidad

La MAPE surge donde el Estado no está o llega tarde, la pobreza apremia y la falta de oportunidades es constante. Actualmente, representa entre el 40-50% de la producción nacional de oro, según el MINEM, y en muchas zonas altoandinas es la única alternativa económica. El proceso de formalización burocrático ha sido un fiasco, y criminalizarla también ha demostrado ser ineficaz. Así, la solución pasaría por reconocer su importancia y diseñar políticas que la integren a la cadena de valor formal, con estándares ambientales, sociales, laborales, de seguridad y salud claros, adecuados a su dimensión, con fiscalización efectiva por las autoridades. El propio sector puede aportar con recursos, vía procedimientos tributarios más simples.

 

Pilares para una MAPE sostenible

– Formalización inteligente: El proceso de formalización no puede ser una carrera de vallas burocráticas, menos en un país donde cerca del 80% de su economía es informal. Se necesita un censo, una ventanilla única, interoperable, con asistencia técnica en campo y trazabilidad del mineral desde la mina hasta el puerto. La ley debe distinguir entre el minero que quiere formalizarse, los ilegales que depredan y las organizaciones criminales que se aprovechan del caos.

– Tecnología y medio ambiente: El uso de mercurio sigue siendo el principal pasivo ambiental. Lineamientos como el convenio de Minamata deben traducirse en plantas de procesamiento que usen tecnología de punta, gravimetría, capacitación. Hoy, una MAPE sin mercurio es técnica y económicamente factible.

– Comercialización justa: El minero a pequeña escala formalizado debe acceder a mercados que paguen precios justos y exijan trazabilidad. Iniciativas como Oro Responsable, PlanetGold o compra por bancos centrales promovido por el IGF con el Banco Mundial demuestran que hay demanda internacional por oro libre de conflictos y con responsabilidad social. El Estado tiene que facilitar esos vínculos comerciales, cooperación internacional, en lugar de ser el cuello de botella.

 

El rol del Estado y del sector privado

El Estado debe cambiar el enfoque burocrático o represivo para convertirse en promotor y fiscalizador eficaz. Ello implica crédito, geología, laboratorios certificados y programas de reconversión para zonas agotadas, etc. La gran minería puede ser un aliado: formando alianzas que convierta a comunidades en aliados ante la criminalidad, compartiendo ciertas infraestructuras y buenas prácticas, y fomentando programas para capacitaciones locales. La presencia de plantas de beneficio ofrece un medio para incrementar significativamente las tasas de recuperación del oro (más recursos) y reemplazar el uso del mercurio, pudiendo ser puntos de apoyo para retenciones e implementar trazabilidad; siguiendo estándares y bajo fiscalización.

 

Hacia una visión de país

El Perú no puede darse el lujo de tener dos minerías en confrontación constante: una moderna y otra excluida. La MAPE sostenible es empleo descentralizado, desarrollo en zonas de frontera y una fuente de recursos y divisas que se pierden por más contrabando. Con institucionalidad, tecnología y mercado, podemos convertir un problema social en una historia de éxito productivo.

Formalizar no debe significar regalar derechos, sino exigir deberes a cambio de oportunidades. La convivencia entre gran minería y MAPE es viable con reglas simples, claras, voluntad de diálogo y visión territorial de desarrollo. Ese debiera ser el camino para que la MAPE deje de ser parte del problema y se convierta en parte de la solución en un país más inclusivo y sostenible, beneficiando a su desarrollo, al Estado y comunidades.

(*) Exviceministro de Minas