El Perú vive un momento bisagra. Un paso mal dado podría significar la pérdida de años de crecimiento y estabilidad macroeconómica. La presidente Keiko Fujimori, con una paciencia que en ocasiones resulta desesperante para sus críticos y seguidores, ha definido 66 puntos sobre los cuales su gobierno deberá poner especial énfasis durante los próximos cinco años.
Desde hace mucho tiempo se reclama una reforma integral del Estado que permita llevar al Perú a un nivel superior, consolidando los resultados de décadas de políticas monetarias responsables y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, existen prioridades inmediatas que no admiten demora.
Una de ellas es la preparación ante el anunciado fenómeno de El Niño, que podría tener consecuencias sumamente destructivas durante los próximos meses. El país no puede volver a improvisar ni reaccionar cuando el desastre ya se ha producido.
Se impone, con urgencia, el nombramiento de una suerte de “zar” de prevención y reconstrucción, una autoridad que centralice y coordine las labores de preparación, respuesta y recuperación. Distribuir estas responsabilidades entre diversos ministerios, considerando la pesada burocracia del Estado peruano, podría generar descoordinación, lentitud y consecuencias políticas y sociales muy graves.
Dejando claro que la prevención frente a El Niño debe ser una prioridad, los demás desafíos no son menos importantes: la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen organizado; el impulso a las micro y pequeñas empresas y la formalización de la economía; las reformas laborales y el aumento de la productividad; la modernización del Estado y la reactivación de sectores estratégicos como la minería, la energía, la pesca, la agricultura, la vivienda, el saneamiento y la infraestructura.
Todos estos temas tienen enorme importancia. La falta de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país continúa siendo una realidad lacerante e imperdonable. Asimismo, la necesidad de digitalizar el Estado y establecer una verdadera ventanilla única para los trámites puede contribuir a reducir la burocracia, aumentar la eficiencia y cerrar espacios a la corrupción.
No debemos olvidar que el Perú necesita ser cada vez más atractivo para la inversión privada. No descubriremos más petróleo ni gas utilizando irresponsablemente los impuestos de los ciudadanos en actividades de alto riesgo que corresponden, principalmente, a la iniciativa privada. El Estado debe concentrar sus recursos en aquello que resulta esencial: mejores escuelas, hospitales, seguridad e infraestructura, así como en elevar las condiciones de vida de todos los peruanos.
El pedido de facultades legislativas constituye, por ello, una pieza angular para el inicio de este gobierno. Esperamos que el Congreso las otorgue con la rapidez y responsabilidad que exige el momento histórico, aunque todo indica que habrá una negociación política intensa.
La política no puede convertirse, una vez más, en un lastre para el desarrollo nacional. El Perú necesita decisiones firmes y reformas profundas. Las ideologías anacrónicas que han conducido a diversos países de la región al atraso no pueden seguir marcando nuestro futuro.
Venezuela y Bolivia constituyen ejemplos recientes de modelos que, con distintos matices, han enfrentado graves consecuencias económicas e institucionales. El Perú debe aprender de esas experiencias.
Tengamos el valor de cambiar para siempre. Estas 66 facultades pueden ser un muy buen inicio para construir el país moderno, competitivo y desarrollado que millones de peruanos esperan.
(*) ANALISTA INTERNACIONAL
