Acción Popular acaba de atravesar uno de sus procesos internos más exigentes, y aunque el debate se centró en la modalidad de elección, la realidad jurídica ha terminado imponiéndose sobre la expectativa política. La elección por 75 delegados no solo fue una decisión correcta: fue la única vía posible para garantizar la supervivencia legal del partido ante las exigencias de la Ley de Organizaciones Políticas.

La normativa vigente exige que todo proceso interno cuente con una participación mínima del 10% del padrón electoral. En Acción Popular, el padrón actualizado registra aproximadamente 289,000 militantes, lo que significa que cualquier elección bajo la modalidad de un militante, un voto debía alcanzar, como mínimo, 28,900 participantes. La elección reciente demostró la imposibilidad de lograr esa meta: solo acudieron cerca de 12,000 militantes.

La conclusión jurídica es inmediata y contundente: si el partido hubiese optado por la modalidad de un militante, un voto, el proceso interno habría sido declarado inválido y Acción Popular habría perdido su inscripción. No se trata de opiniones ni interpretaciones políticas, sino de una consecuencia directa de la legislación electoral vigente.

Frente a esta realidad, la modalidad de 75 delegados emerge como la única alternativa viable y responsable. Bajo este sistema, el requisito del 10% se calcula sobre los propios delegados, no sobre el total de militantes. De esta manera, el 10% de 75 equivale a 7.5, es decir, basta con 8 delegados votando para cumplir la ley. Ese umbral —mínimo, razonable y alcanzable— garantiza la validez del proceso y evita que el partido quede fuera del sistema político.

La experiencia reciente lo confirma: la participación delegada superó ampliamente el mínimo legal, el proceso se desarrolló con normalidad y la inscripción de Acción Popular quedó salvaguardada. Lejos de representar un retroceso democrático, la modalidad delegada fue un acto de responsabilidad institucional, consciente del riesgo real y concreto que implicaba no cumplir el 10% exigido.

La democracia interna requiere organización, logística, presencia territorial y capacidad de movilización. Tener 289 mil militantes inscritos no significa poder movilizarlos efectivamente. La evidencia es clara: solo 12 mil participaron. Esta brecha entre el padrón y la participación real demuestra que hoy el partido no está en condiciones de llevar adelante un proceso masivo de un militante, un voto sin exponerse a la pérdida de inscripción.

Acción Popular enfrenta hoy el desafío de modernizar su democracia interna, depurar su padrón y recuperar la capacidad de movilización que alguna vez lo caracterizó. Pero antes de ello existe un requisito indispensable: mantener la existencia legal del partido.

En tiempos en los que la ley es clara y los números no mienten, la dirigencia debe actuar con responsabilidad. Esta vez, lo hizo.

(*) Abogado y político