La elección del sábado último deja una reflexión preocupante: incluso en un colegio de profesionales, donde deberían primar las ideas, las propuestas y la solvencia académica, puede imponerse el voto emocional.
Bastaba ver el debate para advertir la diferencia en el nivel de preparación, exposición y planteamientos. No es casual que muchos de los juristas más importantes del país se pronunciaran por una candidatura específica. Sin embargo, nuevamente el resentimiento, la confrontación y la narrativa de victimización lograron imponerse.
Parte de la estrategia fue conocida: victimizarse y ponerse el abrigo de una supuesta superioridad moral, cuando muchos sabemos cuál es la verdad de fondo. Ese recurso —tan usado en la política terminó calando también en el gremio.
El clima llegó a niveles casi absurdos. En medio del debate aparecieron etiquetas propias del peor simplismo político: “fujiaprista”, “cerronista”, “porquista”. Increíble escucharlo entre colegas que han pasado por las aulas de derecho. Incluso hubo quien, en un momento de evidente exaltación, lanzó el grito: “abogado de delincuentes”. Nos miramos entre varios y la respuesta fue inevitable, casi irónica: entonces, ¿qué quieren?, ¿que los abogados defendamos a la Asociación de Monjas Independientes?
Como si no bastara, apareció otro grito: “abogados de ricos”. La respuesta fue igual de evidente: perfecto, entonces defenderemos a los más pobres del Perú. Porque esa también es, y debería ser siempre, una aspiración noble de nuestra profesión, pero satanizar al abogado por ejercer la defensa es una de las expresiones más bajas contra la profesión jurídica. Y que eso provenga de otros abogados revela la profunda crisis institucional que atraviesa hoy nuestro colegio.
Esta elección también revela un fenómeno cultural más profundo. Una parte de las nuevas generaciones de abogados se les ha enseñado una versión simplificada de nuestra historia reciente: que Fujimori fue peor que el terrorismo de Sendero Luminoso o del MRTA, y que cualquiera que se atreva a matizar o debatir esa narrativa es inmediatamente convertido en el villano de la película.
Así se construye un clima donde no se discuten ideas, se cancelan personas. Donde el abogado deja de ser un profesional que analiza hechos y normas para convertirse en alguien obligado a repetir consignas.
Pero tampoco debería sorprendernos. En colegios y universidades estas narrativas siguen enseñándose como verdades incuestionables. Y si alguien intenta introducir matices, revisar hechos o plantear una mirada distinta, aparece rápidamente la etiqueta o la cancelación.
Así se forman generaciones que no debaten: repiten.
Cuando esa lógica llega a una institución como el Colegio de Abogados de Lima, ocurre lo que acabamos de ver: el voto deja de ser un ejercicio racional para convertirse en una reacción emocional.
También corresponde una autocrítica al propio establishment jurídico, que muchas veces ha perdido conexión con una parte importante del gremio, dejando espacio para que la indignación o el resentimiento sustituyan a la discusión de propuestas.
Esperemos que la nueva conducción del Colegio no utilice la institución para perseguir colegas, promover inhabilitaciones arbitrarias, ajustar cuentas personales o intentar regresar a cargos perdidos. El CAL debe ser una institución que defienda a todos los abogados y al Estado de derecho, no un instrumento de vendettas.
Como humanista y abogado, prefiero mantener una posición de prudencia: daremos el beneficio de la duda. Al final, en derecho lo sabemos bien: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
(*) Abogado y político
