La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que archiva el proceso contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos no solo pone fin a una persecución, sino que desenmascara un fenómeno más grave: el uso del Derecho Penal como arma política. Durante casi una década, la justicia convirtió a una candidata en símbolo de todos los males, y a un proceso atípico, en bandera moral de una República extraviada.
El caso cócteles fue, en realidad, un cóctel de excesos: titulares antes que pruebas, moralinas antes que leyes, y un Ministerio Público más preocupado por la tribuna que por la tipicidad. El Tribunal Constitucional, con su reciente fallo, ha recordado lo elemental: no se puede castigar con una ley posterior a los hechos. La figura penal de recepción patrimonial de activos ilícitos no existía cuando se realizaron las campañas de 2011 y 2016. Así de simple. Así de grave.
El fallo no solo absuelve a Fujimori: reordena todo el tablero judicial. Los casos contra Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y otros líderes por supuestos aportes de campaña deberán ahora repensarse bajo el mismo principio. El TC ha puesto un límite: no todo dinero irregular constituye lavado de activos, y mucho menos si proviene de actividades políticas lícitas y declaradas.
El Derecho Penal no es un oráculo ni un reality show. Es una herramienta para castigar delitos, no para fabricar culpables. Y en el Perú, por años, se confundió justicia con espectáculo.
El lawfare —la guerra judicial con fines políticos— encontró en nuestro país su escenario ideal. Se encarceló preventivamente a candidatos, se embargaron cuentas, se bloquearon trayectorias. El mensaje era claro: si haces política fuera del libreto, te perseguimos hasta el descrédito. Hoy, cuando el TC desmonta esa maquinaria, los mismos que aplaudían las detenciones claman ‘impunidad’. No es impunidad: es restaurar la legalidad, que no es lo mismo que absolver la moral, pero sí proteger el Estado de Derecho.
Hay un costo oculto que nadie asume: el de los falsos positivos judiciales. Por cada proceso infundado, el Estado pierde millones. Planillas, peritos, policías, fiscales, jueces, infraestructura, viáticos, todo pagado por el ciudadano para sostener juicios que nunca debieron existir.
Y mientras los investigados cargan con la ruina personal —defensas costosas, prisiones preventivas, embargos, pérdida de oportunidades y daño reputacional— nadie se pregunta: ¿Quién devuelve al Estado las horas perdidas, los recursos malgastados, la credibilidad destruida? ¿Quién paga por haber usado la justicia como circo?
El fallo del Tribunal Constitucional no es una absolución moral, sino una lección jurídica: no todo lo sospechoso es delito, ni todo lo político es criminal. El Perú no necesita más fiscales que sueñen con micrófonos, sino jueces que recuerden su juramento: servir a la ley, no a la coyuntura.
Porque la verdadera condena de Keiko Fujimori no fue judicial: fue mediática, política y moral, impuesta sin sentencia y sostenida por un aparato que olvidó su razón de ser. Y mientras el país aplaudía la justicia de las redes, la Constitución —una vez más— tuvo que recordarnos que el Derecho no se rinde ante la turba.
(*) Abogado y político
