Me referiré a la manipulación sistemática de la historia de la lucha contra el terrorismo en el Perú, orquestada por la izquierda radical y el llamado sector “caviar”. Mi tesis se basa en que, mediante un control del relato oficial, se ha invertido la realidad: los verdaderos victimarios (Sendero Luminoso y el MRTA) han sido presentados como víctimas o actores políticos, mientras que los militares y policías que defendieron al Estado han sido criminalizados, sometidos, abandonados y perseguidos.
El primer gran mecanismo de esta distorsión fue la imposición del término “conflicto armado interno” por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y el sicariato mediático afín. Sostengo que este cambio no fue inocente, sino que buscó equiparar la barbarie terrorista, los coches bomba y el asesinato de autoridades, con la respuesta legítima y constitucional de las fuerzas del orden. Bajo esta lógica, el terrorista fue retratado como una “víctima de la exclusión”, mientras que el militar fue encasillado como un potencial violador de derechos humanos.
La consecuencia judicial de este “sicariato de la verdad” ha sido devastadora para los defensores del orden y la institucionalidad del país. Miles de veteranos del Ejército, la Marina y la Policía Nacional, muchos de ellos discapacitados por la guerra, han enfrentado procesos judiciales interminables y persecución fiscal, financiando sus defensas con recursos propios. Mientras tanto, las familias de los senderistas capturados encontraron una legión de abogados y ONG’s como IDL, que llevaron sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando millonarias reparaciones que el Estado peruano terminó pagando. Esta asimetría judicial ha sido avalada y respaldada por los gobiernos desde Paniagua hasta la actualidad.
La operación de rescate Chavín de Huántar es una analogía perfecta de esta injusticia. Los valerosos comandos que liberaron a 72 rehenes secuestrados y torturados por más de 4 meses del MRTA en 1997, entregando sus vidas en los casos del Coronel Juan Valer Sandoval y el Capitán Raúl Jiménez Chávez, fueron despojados de su condición de valerosos héroes. El relato sesgado pretendió transformar una legítima defensa del Estado en un escenario de supuestas “ejecuciones extrajudiciales”, arrastrando a los comandos a un calvario judicial de casi dos décadas. Nuevamente, el Estado, acorralado por fallos de la Corte IDH impulsados por ONG’s locales de izquierda, pagó indemnizaciones a los familiares de los terroristas abatidos, mientras los comandos sobrevivientes y los deudos de los caídos tuvieron que financiar sus propias defensas.
La captura de las instituciones del estado y la creación de una “estética” oficial del sufrimiento, crearon espacios financiados por el Estado como el “Lugar de la Memoria” (LUM) o el monumento del “Ojo que Llora”, que han servido para consolidar un relato donde el protagonismo de la dignidad y el sufrimiento pertenece exclusivamente a los terroristas que desafiaron el orden legal y constitucional. En estos “altares del terrorismo”, el rostro del policía mutilado que desactivaba un explosivo o del soldado que moría emboscado torturado y ajusticiado en el VRAEM fue omitido deliberadamente.
Para la “moral estética caviar”, resulta políticamente incorrecto recordar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaron con honor y salvaron la democracia. Se ha construido una memoria histórica asimétrica, selectiva y profundamente injusta. El “sicariato de la verdad” ha logrado trastocar los valores de la nación, convirtiendo el terror criminal en una “epopeya liberadora” y transformando el heroísmo de los soldados en una villanía que el relato oficial pretende exterminar.
¡Es hora de dar la batalla por la verdad histórica y labor primordial del nuevo gobierno y poder legislativo, que es, reparar la imagen, compensar y reconocer en los textos de historia del Perú, además de inmortalizar en monumentos, a los verdaderos héroes de la patria, la democracia y la peruanidad, rindiéndoles en estas fiestas patrias y para la eternidad, los honores y reconocimiento que el Perú les debe!
(*) Teniente General FAP en retiro
