En el mes morado del Señor de los Milagros, los peruanos nos mostramos entusiasmados por los resultados positivos de algunas acciones en favor de la democracia. Finalmente, se aprobó la Ley N.º 32419, que otorga amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa investigados o procesados por su lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Asimismo, hemos presenciado recientemente un gran triunfo de la legalidad, ya que el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley N.º 32130, la cual devuelve la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional, tal como fue siempre y como ocurre en la mayoría de los países civilizados del mundo.

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) devolvió la sentencia de reposición al titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, juez Fidel Torres Tasso, por presentar razonamientos jurídicos incompletos (66 % no sustentados) en el caso de la fiscal suprema Delia Espinoza, según fuentes judiciales, la (JNJ) resolvió que Delia Espinoza “No” retornará como Fiscal de la Nación.

De igual modo, el Congreso dio Voto de Confianza y respaldó al gabinete ministerial recientemente nombrado y a su Presidente Ernesto Álvarez. Asimismo, se otorgó un apoyo incondicional al presidente, autorizando las marchas de protesta pacíficas y expresando respaldo total a la Policía Nacional por su esforzada labor en el cumplimiento de sus funciones.

Es evidente que el paro de transportistas y las marchas de protesta realizadas por la llamada generación «Z» o «de cristal», promovidas por grupos comunistas y “caviares” que aprovechan la indignación popular ante el desborde de la inseguridad, son utilizadas por el hampa política roja para fomentar, a través de infiltrados, actos de violencia con el fin de desestabilizar al gobierno, aun a costa de muertos y heridos.

Debe actuarse con firmeza, conforme a la nueva ley emitida por el Tribunal Constitucional para combatir la criminalidad en general, imponiendo el castigo correspondiente a quienes recurran a la violencia con armas de fuego u otros medios; a quienes usen máscaras para ocultar su identidad durante las protestas; y a quienes destruyan propiedades públicas o privadas, obstruyan vías y el libre tránsito en ciudades o carreteras, o provoquen desmanes y destrucción.

La nueva estrategia y táctica para enfrentar el crimen deben sorprender a los involucrados en protestas y huelgas violentas, mediante una acción coordinada, contundente, rápida y precisa entre las fiscalías y la Policía Nacional, ahora respaldadas por la reciente decisión del Tribunal Constitucional.

El presidente José Jerí y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, declararon el Estado de Emergencia en el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao por 30 días calendario, con el propósito de pasar a la ofensiva en la lucha contra la criminalidad y la violencia, aplicando las leyes recientemente aprobadas. ¡Esperemos los efectos deseados por todos los peruanos!

(*) Teniente General FAP