Pareciera que, finalmente, empiezan a darse las condiciones para recuperar algo que los peruanos hemos perdido durante demasiado tiempo: la seguridad, el orden y la autoridad del Estado.

Da la impresión de que el Ministerio Público está dispuesto a asumir el papel que siempre debió cumplir y que podría iniciarse una verdadera reestructuración del sistema de justicia.

El reciente anuncio del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha sido claro: los días de los criminales, cualquiera sea el delito que cometan, deben estar contados.

La lucha contra el crimen no puede ser esporádica ni responder a coyunturas políticas. Debe ser estratégica, permanente y frontal.

No basta con capturar delincuentes. Hay que desarticular sus estructuras, atacar sus fuentes de financiamiento y sus redes de protección.

 

LA LUCHA DEBE DARSE EN EL TERRENO

Las acciones del Ministerio Público deben desarrollarse también en los propios teatros de operaciones, coordinadamente con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las instituciones especializadas.

La defensa de nuestro territorio debe incluir la protección de nuestras áreas naturales y reservas, así como una lucha decidida contra la minería ilegal, la tala indiscriminada y las actividades que destruyen nuestros recursos y alimentan redes criminales.

 

¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?

Cuando el delincuente siente que puede actuar sin consecuencias mientras el ciudadano honesto vive con miedo, el Estado está perdiendo autoridad.

Y cuando el Estado pierde autoridad, el crimen ocupa ese espacio.

 

FLAGRANCIA: NO PODEMOS CONFUNDIR LAS SOLUCIONES

El sistema de flagrancia, por sí solo, no resolverá problemas como la extorsión, el sicariato o el crimen organizado.

La Policía Nacional necesita estar en las calles, pero también requiere inteligencia, tecnología, investigación criminal y capacidad operativa.

Debe anticiparse al delito, identificar las estructuras criminales y desarticularlas.

No podemos esperar a que el crimen actúe para recién comenzar a reaccionar.

 

EL PODER JUDICIAL TAMBIÉN TIENE UNA RESPONSABILIDAD

No podemos hablar de seguridad sin hablar de justicia.

Las leyes deben ser respetadas y aplicadas dentro del marco constitucional y legal vigente.

Asimismo, quienes integraron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa y combatieron al terrorismo merecen que se reconozca el enorme sacrificio realizado en defensa del Perú.

Muchos entregaron su vida para que nosotros pudiéramos vivir en democracia. Eso tampoco debemos olvidarlo.

 

EL PERÚ NECESITA RECUPERAR LA AUTORIDAD

No queremos un país donde el ciudadano tenga miedo de salir a la calle, los comerciantes sean extorsionados o las familias vivan aterrorizadas por el sicariato.

Queremos un país donde la ley se cumpla, la autoridad se respete y el delincuente sepa que sus actos tendrán consecuencias.

El Perú necesita recuperar la confianza en sus instituciones: jueces independientes, fiscales comprometidos, una Policía fortalecida y tecnificada, Fuerzas Armadas respetadas y autoridades con el valor de hacer lo correcto, aunque hacerlo tenga un costo político.

Porque la seguridad no puede seguir siendo una promesa de campaña. Es un derecho de todos los peruanos. Y la justicia no puede ser para unos pocos.

(*) Teniente General FAP en retiro