Por: Omar Chehade / Una tarea pendiente que tendrá que afrontar el nuevo Congreso de la República será limpiar la triste imagen que dejó la institución disuelta por el presidente Martín Vizcarra la noche del 30 de septiembre último, albergando en su mayoría a gente poco presentable para lo que significa el poder legislativo.
Sencillamente no dio la talla, y en poco tiempo se fue deslegitimando hasta merecer el repudio de la ciudadanía. Sin embargo, esto tampoco quiere decir, y pongo mucho énfasis en ello, que la medida adoptada por el jefe de Estado haya sido constitucional. La disolución fue una medida de corte netamente político, prescindiendo de los estándares jurídicos.
Ahora bien, nada nos garantiza que el nuevo Parlamento del 2020 sea muy superior al que se fue, si tomamos en cuenta que la gran mayoría de agrupaciones políticas, son bastantes débiles en su institucionalidad, y que los participantes en la lid electoral suman 22 movimientos, atomizando la elección y convirtiendo esta en una carrera frenética por lograr escaños, en lugar de significar un filtro donde solo se agrupe a los mejores cuadros políticos.
Por ello será de suma importancia que el nuevo Poder Legislativo, en el corto tiempo que tendrá para trabajar (16 meses, 3 legislaturas) se dedique, entre otras cosas, a mejorar la calidad de la ley de partidos políticos, y así pueda redundar favorablemente en la imagen no solo del Congreso como institución, sino también de toda la clase política dirigente, entendiendo a la política no solo como el arte de gobernar y administrar una nación, sino fundamentalmente , como servicio patriótico en favor del prójimo.
La reforma política pasa también, por el financiamiento estatal a los partidos, con todos los controles y fiscalización que ello pueda merecer al tratarse fondos públicos. Cuando estuvimos en el parlamento antepasado, logramos por fin aprobar esta norma, con el objetivo de mejorar el buen desarrollo de las organizaciones, esto es, forjar cuadros políticos, academias de política en los movimientos, bases partidarias, entre otros.
Fue un primer paso, pero no definitivo, por eso pensamos, que incluso, como sucede en otros países con mayor desarrollo institucional como Chile o Colombia, el financiamiento del Estado debe abarcar más adelante las campañas políticas, con el fin no solo de evitar la improvisación que impulse la pauperización de la política, sino fundamentalmente que cierre las puertas a los dineros calientes o mal habidos de empresarios y sectores delincuenciales que traten luego de sacar réditos subalternos.
Con ello evitaríamos que muchos candidatos que llegan a un puesto público por elección popular no queden hipotecados a intereses privados. En conclusión, el Estado debe incentivar que la política, a través de los partidos y movimientos, se vea atractiva y respetada por todo ciudadano, y que todo el que quiera, pueda participar en ella. Siempre será una obligación de todos nosotros fomentar hacer política con decencia apostando por los mejores, y no denigrarla con los peores.
(*) Exvicepresidente de la República del Perú.
