Milagros Leiva le hace una copiosa entrevista hace poco a Nelson Shack luego que Otárola mostró en un audio su lado romántico, el que parece que también financia con dinero estatal y comete un error al enrostrarle a Nelson que tiene S/ 1600 millones en su Contraloría, que bien podían servir para hacer obras para los pobres.
Nelson habla del “Control Concurrente” en vez del posterior y lo señala como avance. Pero refiere que la impunidad está viva y las sanciones no son ejemplares. Por ello calcula en S/ 24.268 millones de perjuicio al Estado en el 2023. Y el año pasado han imputado responsabilidad a 9300 funcionarios y ninguno ha sido sancionado.
Quiere que se apruebe la ley de la carrera del auditor gubernamental para que la Contraloría pese en el Estado.
Señala que a dedo se dan consultorías de hasta 8 UIT y que el monto gastado es enorme y casi sin resultados. Todo un escándalo, pero legalizado y en el 2023 fueron S/ 19300 millones. Es decir, casi 20 presupuestos del Congreso por año.
Le da duro a Otárola, con aquello de que tiene S/ 1600 millones en la Contraloría y que ello puede gastarse para los más pobres. Eso que ha dicho es falso señala, yo entiendo que ha sido mal informado porque él no conoce de estos temas.
Los presupuestos de las instituciones públicas, como la Contraloría están publicados, los aprueba el Congreso y se ejecutan año a año. Hemos sacado la ley del control concurrente y, efectivamente, hoy los recursos de la Contraloría provienen de lo que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, que es para hacer siempre el control posterior y las transferencias que recibimos de las distintas entidades para hacer el control preventivo.
Lo que aparece como saldo disponible son como S/ 275 millones para ser ejecutados en control el 2025. Cualquier funcionario que sabe de presupuestos lo puede verificar en los sistemas informáticos del propio Gobierno.
Pero la función del Contralor no es construir hospitales o colegios releva Nelson; esa es función del Ejecutivo.
El peor negocio para una sociedad es tener 2300 obras paralizadas por S/ 26.000 millones. Ya se gastó S/ 13.000 millones. Una obra paralizada hace más de 10 años ya no la puedes reactivar. Hay que liquidarla. La plata invertida se fue al agua, está perdida y se deben imputar responsabilidades. Ello es plata perdida y los funcionarios están libres.
Es pues esta una sociedad perversa y no se va a solucionar si es que no se sanciona. Necesitamos urgente reformar el sistema de justicia.
¿Es posible con los miembros actuales, pregunta con cierta candidez Milagros?
No lo sé dice Nelson. De seguro, una encuesta lograría mayoría de que se vayan casi todos.
