Por: Edgar Alarcón Tejada / Este lunes 3 de agosto, el primer ministro Pedro Cateriano y su gabinete asistieron al Congreso en pos del voto de investidura que les permita iniciar a su trabajo al frente del Ejecutivo, tal y como establece la Constitución Política del Perú.
Sin embargo, más allá del resultado de la votación en el Parlamento, lo que resulta indudable es que los mismos motivos que minan y debilitan el Pacto Social anunciado por el presidente de la República durante su discurso a la nación con motivo de Fiestas Patrias, son también los que socaban y enervan un mayor respaldo al “Gabinete Cateriano”, de cara al último año de gobierno de Martín Vizcarra.
En efecto, por encima de los acentos puestos de manifiesto por el premier en su plan de trabajo, los cuales evidencian una especial atención en la reactivación económica, existen varios ítems en la agenda política nacional que generan disonancias preocupantes:
En primer lugar, está el tema de los cuestionamientos que persiguen al ministro de Educación: a su cuestionada autorización (dada durante su gestión al frente de la Sunedu) a universidades que no reunían los requisitos debidos para su funcionamiento, ahora se suma el clamoroso caso del fallido proceso de adquisición de tablets para los niños de los lugares más apartados del país, que figuran entre los grandes perjudicados por la cuarentena que ha motivado la crisis sanitaria del Covid-19. Además, por allí se escuchan rumores de aparentes desbalances patrimoniales que harían suponer graves ilícitos en un ministerio tan importante para el futuro del país.
En segundo lugar, persisten las dudas con respecto a la trayectoria profesional de quien ocupa el despacho de Trabajo. Si bien se trata de un cargo político de confianza, resulta obvio que quien esté a cargo de dicha cartera ministerial (siempre tan cargada de tensiones sociales), debe contar con la aceptación de los principales sectores gremiales del Perú, así como de los grupos empresariales que congrega la Confiep. El que un novel abogado vinculado a un estudio jurídico con vinculaciones sesgadas a favor del empresariado esté al frente de ese portafolio, no solo debilita su labor en dicho ministerio, sino incluso lo deslegitima desde una perspectiva relativa a la imparcialidad que debe tener quien dirige la política laboral del país.
Otros temas no aclarados son lo sucedido en los penales en este contexto de crisis sanitaria (falta saber el número real de reclusos fallecidos en los diversos centros penitenciarios en todo el territorio nacional), o una explicación directa y convincente de por qué hasta la fecha el Gobierno no aplica lo que establece tanto la Ley Nacional de Salud como la Ley de Movilización Nacional, normas que autorizan al Ejecutivo, en periodos de crisis epidémicas y sanitarias, a intervenir en la administración de entidades privadas (léase clínicas y/o empresas encargadas de la venta de oxígeno) a fin de garantizar el acceso a la salud y el derecho a la vida de millones de peruanos.
(*) Congresista de la República
