18.9 C
Lima
Jueves, Diciembre 3, 2020

Por: Edgar Alarcón Tejada / Majes-Siguas II, o un nuevo caso Chinchero

Por: Edgar Alarcón Tejada / En este contexto de pandemia, hay un proyecto que parece retomar viejos y malos usos de la administración pública con respecto a proyectos emblemáticos a desarrollarse en las regiones. Me refiero al Proyecto Majes-Siguas II.

De acuerdo al GORE Arequipa (que lidera Elmer Cáceres Llica), la única salida para que dicho proyecto continúe supone la firma de la denominada adenda 13 (las adendas, siempre las adendas). Sin embargo, las autoridades regionales no son claras con respecto a las implicancias que supone tal adenda.

Al respecto, cabe recordar que el monto inicial del contrato de concesión Majes-Siguas II, firmado el 2010 entre el GORE Arequipa y Cobra-Cosapi, era de US$ 450 millones. La primera adenda se firmó apenas al día siguiente de suscrito el contrato y luego se fueron firmando 11 adendas más.

Hoy el proyecto, luego de las últimas actualizaciones y después de 12 adendas, costaría US$ 550 millones y, si se aprueba la adenda 13, el costo llegaría a US$ 780 millones. Cobra se niega a hacer un corte financiero para saber cuánto se ha gastado hasta el momento (sólo se ha ejecutado poco más del 27% del proyecto, correspondiente a la represa de Angostura).

Por todo eso, ya se han transferido a Cobra US$ 114 millones, aunque sin la debida supervisión especializada de algunos componentes. Esto fue observado por la Contraloría en su momento.

Cabe destacarse que en la adenda 12 se otorgó al concesionario la facultad de plantear optimizaciones técnicas a la propuesta inicial del proyecto. Con ello, el concesionario planteó luego un cambio tecnológico: el empleo de tubos en lugar de canales abiertos y la construcción de vasos reguladores con geomembranas.

Dicho cambio tecnológico fue presupuestado inicialmente en US$ 334 millones, lo que fue un escándalo en su momento, obligando al concesionario a ajustar sus costos reduciéndolo a US$ 104 millones (un tercio del presupuesto inicial). Y técnicos en la materia afirman que el costo real apenas supera los US$ 70 millones.

Los entendidos en el tema también señalan que ese cambio tecnológico no se justifica, ya que la propuesta de vasos reguladores no sería viable tal como ha sido diseñada, porque no permitiría su limpieza y descolmatación con maquinaria pesada.

Además, la firma de la adenda permitiría a Cobra inflar los gastos ejecutados a la fecha, de manera que si se llevase el tema a abitraje, la empresa le ganarían al Estado y terminaríamos poniendo todo el dinero nosotros y ellos nada. Algo similiar a lo sucedido con Chinchero.

El Gobierno Central está dispuesto a asumir la ejecución del proyecto, adenda 13 incluida. Curiosamente, en este tema, Vizcarra coincide con Cáceres Llica.

Sin embargo, las malas lenguas dicen que en Majes-Siguas II, las adendas habrían venido desnaturalizando poco a poco el contrato y repitiendo aparentemente el mismo modus operandi que el caso Chinchero. Así, con adendas sucesivas se estarían trasladando paulatinamente las obligaciones de la empresa hacia el Estado peruano.

Diferentes proyectos, pero ejecutados al mismo estilo de siempre.

(*) Congresista de la República

Por: Edgar Alarcón Tejada / En este contexto de pandemia, hay un proyecto que parece retomar viejos y malos usos de la administración pública con respecto a proyectos emblemáticos a desarrollarse en las regiones. Me refiero al Proyecto Majes-Siguas II.

De acuerdo al GORE Arequipa (que lidera Elmer Cáceres Llica), la única salida para que dicho proyecto continúe supone la firma de la denominada adenda 13 (las adendas, siempre las adendas). Sin embargo, las autoridades regionales no son claras con respecto a las implicancias que supone tal adenda.

Al respecto, cabe recordar que el monto inicial del contrato de concesión Majes-Siguas II, firmado el 2010 entre el GORE Arequipa y Cobra-Cosapi, era de US$ 450 millones. La primera adenda se firmó apenas al día siguiente de suscrito el contrato y luego se fueron firmando 11 adendas más.

Hoy el proyecto, luego de las últimas actualizaciones y después de 12 adendas, costaría US$ 550 millones y, si se aprueba la adenda 13, el costo llegaría a US$ 780 millones. Cobra se niega a hacer un corte financiero para saber cuánto se ha gastado hasta el momento (sólo se ha ejecutado poco más del 27% del proyecto, correspondiente a la represa de Angostura).

Por todo eso, ya se han transferido a Cobra US$ 114 millones, aunque sin la debida supervisión especializada de algunos componentes. Esto fue observado por la Contraloría en su momento.

Cabe destacarse que en la adenda 12 se otorgó al concesionario la facultad de plantear optimizaciones técnicas a la propuesta inicial del proyecto. Con ello, el concesionario planteó luego un cambio tecnológico: el empleo de tubos en lugar de canales abiertos y la construcción de vasos reguladores con geomembranas.

Dicho cambio tecnológico fue presupuestado inicialmente en US$ 334 millones, lo que fue un escándalo en su momento, obligando al concesionario a ajustar sus costos reduciéndolo a US$ 104 millones (un tercio del presupuesto inicial). Y técnicos en la materia afirman que el costo real apenas supera los US$ 70 millones.

Los entendidos en el tema también señalan que ese cambio tecnológico no se justifica, ya que la propuesta de vasos reguladores no sería viable tal como ha sido diseñada, porque no permitiría su limpieza y descolmatación con maquinaria pesada.

Además, la firma de la adenda permitiría a Cobra inflar los gastos ejecutados a la fecha, de manera que si se llevase el tema a abitraje, la empresa le ganarían al Estado y terminaríamos poniendo todo el dinero nosotros y ellos nada. Algo similiar a lo sucedido con Chinchero.

El Gobierno Central está dispuesto a asumir la ejecución del proyecto, adenda 13 incluida. Curiosamente, en este tema, Vizcarra coincide con Cáceres Llica.

Sin embargo, las malas lenguas dicen que en Majes-Siguas II, las adendas habrían venido desnaturalizando poco a poco el contrato y repitiendo aparentemente el mismo modus operandi que el caso Chinchero. Así, con adendas sucesivas se estarían trasladando paulatinamente las obligaciones de la empresa hacia el Estado peruano.

Diferentes proyectos, pero ejecutados al mismo estilo de siempre.

(*) Congresista de la República

Más recientes