En diciembre de 2021, el INEI (Instituto Nacional de Estadística) publicó el estudio titulado “Perú: Feminicidio y violencia contra la mujer 2015-2020” . Es un documento que tiene 129 páginas. Si bien la cantidad de información presentada en dicho informe requeriría un análisis amplio, en esta ocasión quisiera centrarme en un aspecto sobre el cual venimos alertando desde hace varios meses: la falta de estadística rigurosa sobre el tipo de relación existente entre la víctima de feminicidio y el victimario. Inclusive en septiembre de 2021 escribí un artículo sobre el tema titulado “Ministerio de la Mujer: déjenos saber quien nos mata” .
Como describía en dicho artículo, hasta el año 2019 el informe del Centro Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre sus estadísticas sobre feminicidio, presentaba de manera independiente cada una de las variables que indicaban si la víctima estaba casada, si convivía o si solo mantenía una relación afectiva sexual con su victimario. Por ejemplo, en el informe del 2019 se evidenció que el 90% de las mujeres asesinadas durante ese año murieron en manos de una persona con la que no mantenía un vínculo conyugal.
Sin embargo, a partir de 2020 los informes estadísticos oficiales no muestran esa diferenciación y bajo una misma categoría se agrupan tres variables. En el caso del informe del INEI, así se presenta la información:
Como se puede observar han agrupado bajo una misma celda las relaciones de “pareja/conviviente/esposo” como si el tipo de relación fuera la misma. Parecería que para los que han diseñado los estudios no fuera relevante conocer en qué tipo de estructura de convivencia una mujer está expuesta a mayor o menor peligro. Identificar el impacto de cada una de estas variables es imprescindible para que las políticas públicas dirigidas a la prevención y eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer puedan no solo sancionar a los agresores sino también promover modelos de convivencia que conllevan una menor incidencia de violencia y muerte para las mujeres.
Paradójicamente, en otra parte de este informe presentado por el INEI, en la sección que abarca las estadísticas sobre la población penitenciaria relacionada a los feminicidios, se presenta un dato interesante y que se acerca a la estadística presentada en el año 2019. En aquel informe se revelaba que el 90% de las mujeres asesinadas fueron víctimas de una persona que no era su cónyuge; en el 2020 el INEI muestra una estadística consistente con dicho dato al informar que el 12,4% de los presos por feminicidio estarían casados legalmente.
Cuando anteriormente se han presentado estos vacíos en los informes, personas con posturas ideológicas cercanas al género y con interés en promover estas corrientes se indignan argumentando, como es común en su narrativa, que se pretende promover posturas religiosas o conservadoras porque se estaría pretendiendo afirmar que “hay que casarse para que no te maten” o que “el asesino se vuelve bueno con el matrimonio”. Claramente no se trata de eso, sino de leer objetivamente la realidad. Para eso existe (y debería servir) la estadística. El resto son interpretaciones.
Las políticas públicas tienen, entre otras cosas, la finalidad de resolver problemas reales y promover el bienestar en la mayoría de la población. Para diseñarlas, el encargado debería desprenderse de cualquier ideología, postura religiosa o condicionamiento personal. Para esto los datos rigurosos y precisos son los mejores aliados. En el informe sobre el cual estamos haciendo esta nota, más allá de si nos gusta o no el concepto del matrimonio, lo que las cifras oficiales dictaban hasta el 2019 era muy simple de leer: la gran mayoría de mujeres mueren en manos de personas con las que no mantenían una relación conyugal. Y, repito, no es un dato menor conocer qué tipo de convivencia es la más segura y saludable para que, por ejemplo, esta se pueda promover a través de distintas políticas multisectoriales o mediante la educación sexual en la escuela.
Otro aspecto no menos relevante es la lectura que se le da a algunos de los resultados estadísticos para que estos justifiquen la pertinencia de determinadas agendas. Por ejemplo, siguiendo con el informe del INEI, categorizan como “feminicidio” inclusive a los asesinatos de mujeres cuyo victimario no ha sido la pareja o expareja. Incluyen casos en los que el asesino fue un desconocido. Que no son menores (casi el 25%). Estos asesinatos podrían haber tenido como móvil, por ejemplo, un robo o el sicariato. Por lo tanto, deberían contemplarse en otra categoría de violencia (que no es la doméstica) para que pueda ser abordada desde otra perspectiva. Otro ejemplo es que no se determina si la persona que asesinó a la mujer es otra mujer. Esto es grave porque se asume que el 100% de los asesinatos son perpetrados por varones cuando no es así. Es más, cuando el informe del INEI presenta las variables padre o madre, lo hace en una sola categoría. No se sabe cuántos fueron perpetrados por el padre o cuales por la madre.
Ante la aproximación ideológica al diseño e interpretación de estadísticas oficiales que parecen tener ciertos funcionarios públicos encargados de esta tarea, sería oportuno que algún congresista de la República recoja esta falencia metodológica y elabore un proyecto de ley que regule la inclusión de determinadas variables en las estadísticas oficiales de las distintas entidades del Estado de manera que se pueda tener información más precisa que permita enfrentar con mayor efectividad problemas que aquejan a la población. Tal sería el caso, por ejemplo, del necesario desagregado en el tipo de estructura relacional en el que se dan casos de feminicidio, o la explicitación del sexo del agresor a una mujer, o incluir la variable del tipo de familia al que pertenecen los individuos censados.
Como bien menciona el Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias (pag. 59), uno de los grandes problemas que tiene el país para implementar las políticas en este sector (en el que recae la “violencia de género” ) es la falta de estudios rigurosos y de estadísticas: “Un aspecto que dificulta la toma de decisiones en torno al diseño, gestión y evaluación de políticas de fortalecimiento de las familias, es la ausencia de información de calidad sobre la situación de las familias. Si bien la entidad encargada de elaborar las estadísticas nacionales del país, el INEI, ha realizado varios estudios específicos sobre las familias a partir del Censo y Encuestas Nacionales de Hogares; no son suficientes para conocer la real dimensión de las problemáticas de las familias que sirvan para orientar las acciones de los tomadores de decisiones”. Urge, sin duda, poner en práctica la frase que dicta: “Dato mata relato”. Pero en serio.
(*) Directora de Asociación ORIGEN|/ Vanguardia y Cambio Cultural
