Por: Juan Sotomayor / Se acercan las elecciones congresales y los candidatos realizan su mayor esfuerzo para darse a conocer. Hay mucho interés por difundir y conocer sus hojas de vida, lo cual está muy bien, pero debe complementarse con la revisión de las propuestas que realiza cada candidato en medio de la campaña electoral.
No olvidemos que gran parte del descrédito de los políticos se origina en la comprensible y frecuente desilusión de los electores cuando constatan el incumplimiento de lo que lo que les ofrecieron en campaña.
Esa desilusión es culpa de los candidatos, sí; pero también hay responsabilidad de los electores que no se preocupan por conocer cuáles son las funciones de un congresista, qué pueden ofrecer y cuáles son las reales posibilidades de cumplir sus promesas.
Estimado lector, no se deje engañar. Los congresistas tienen dos funciones básicas: legislar y fiscalizar. No tienen iniciativa de gasto, ni deberían tener ingerencia en la labor del Poder Ejecutivo, ni de los gobiernos regionales ni municipales.
Por ejemplo, si un candidato al Congreso le ofrece obras para su región, está mintiendo, o pretende excederse en sus funciones. Si otro por ahí le dice que reducirá el costo de los pasajes aéreos para los estudiantes, también está ofreciendo algo que no podrá cumplir.
El Reglamento del Congreso les reconoce el derecho a presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que representen. Y establece la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.
Es cierto que los ciudadanos requieren resultados concretos que les beneficien directamente, generalmente obras o fuentes de empleo. Y ahí surge la tentación de ofrecer “lo que le gusta a la gente”.
Lo más honesto de un candidato al Congreso, sería exponer cuáles son las iniciativas legislativas que presentaría en caso de ser elegido. Ni siquiera puede ofrecer que esa iniciativa será aprobada, porque eso no depende de él (o de ella), sino del voto del pleno del Congreso, es decir de los 130 congresistas en su conjunto, luego de un larguísimo proceso que puede demandar varios meses e incluso años. Puede no ser muy popular, pero es la verdad.
