La vida de un militar o de un policía está marcada por el sacrificio, no es un trabajo cualquiera. No existen horarios, feriados, fechas especiales ni fines de semana. La Patria está primero, cuando la amenaza llama, se responde.  Pero ese sacrificio no lo vive solo quien lleva el uniforme; también lo viven su esposa, sus hijos y toda su familia, que aprenden a convivir con la incertidumbre, el peligro y las largas ausencias.

Quienes hoy estamos en situación de retiro no recibimos un regalo del Estado. Nuestra pensión representa décadas de servicio, de disciplina, de renuncias y de entrega absoluta. Representa noches sin dormir, misiones de alto riesgo, años lejos de nuestros seres queridos y la permanente disposición de entregar la vida por el Perú.  Es la compensación por haber dedicado nuestra juventud y nuestra vida a defender al Perú de amenazas externas e internas, para que millones de peruanos pudieran vivir en paz.

Por eso resulta indignante que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se pretenda afectar los derechos pensionarios del personal militar y policial que fueron adquiridos bajo reglas claras. Quienes elaboran estas propuestas ven únicamente cifras y hojas de cálculo, pero detrás de cada número hay hombres y mujeres que dedicaron su juventud a proteger la Nación. Modificar los beneficios consolidados por ley después de haber cumplido con el deber no solo es injusto, sino que también rompe la confianza que debe existir entre el Estado y quienes arriesgan su vida por él.

La burocracia no puede imponerse sobre la justicia. No se puede pretender equilibrar las cuentas del Estado sacrificando los derechos de quienes garantizaron la paz, combatieron el terrorismo, defendieron nuestras fronteras y estuvieron siempre donde el País los necesitó.

Desde un escritorio es fácil hablar de números y presupuestos. Pero ningún cuadro económico puede medir una noche de combate, una misión de alto riesgo, los años lejos de la familia o la posibilidad de no regresar a casa. Quienes solo conocen la realidad desde un escritorio difícilmente comprenderán lo que significa servir a la Patria con el uniforme puesto.

Es muy simple tomar decisiones desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado. Lo difícil es afrontar el peligro todos los días y cumplir el deber sin preguntar cuánto costará. Esa diferencia parece haber sido olvidada por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Estado tiene una obligación moral y jurídica: cumplir la palabra empeñada. Cambiar las reglas cuando el servicio ya fue prestado no solo es una injusticia; es un grave precedente para todos los jóvenes que hoy visten el uniforme y esperan que su País honre los compromisos que asume con ellos.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen respeto, no maltrato. Sus derechos no pueden convertirse en la variable de ajuste de decisiones burocráticas. Si el Estado exige lealtad y sacrificio a sus hombres y mujeres de uniforme, también debe honrar los compromisos asumidos con ellos.

Ha llegado el momento de que los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional levanten su voz con firmeza. Defender los derechos de su personal en actividad y en retiro no es una ayuda ni un privilegio.  Es defender la honra y dignidad de las instituciones y exigir que el Perú trate con respeto a quienes dedicaron su vida a servirlo.  Defender los derechos de quienes sirvieron a la Patria no es de ninguna manera un favor discrecional, es un deber; es un acto de justicia, de honor y de respeto por quienes estuvieron dispuestos a entregar hasta la vida por la Nación.

Un país que desconoce a sus soldados y policías termina debilitando su propia seguridad. Porque cuando el Estado deja de cumplir su palabra, no solo pierde el personal militar y policial: pierde toda la Nación.

(*) Teniente General FAP en retiro y exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Perú