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Domingo, Enero 24, 2021

Por las pocas inversiones pública y privada solo creceríamos 3% y no 4%

Por: Germán Lench Cáceres
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, afirma: “La economía crecerá 4% el 2020”; pero debemos crecer a tasas del 5% para crear empleo y reducir la pobreza.

La economía está estancada por la coyuntura política, con la elección congresal y destapes de corrupción, lo que genera incertidumbre en el consumidor y el inversionista.

Lo afirmado por el MEF no es posible, ya que confía en incrementar la inversión pública. El 40% de las obras públicas están paralizadas con arbitrajes y hay deficiencias técnicas e incumplimiento contractual por procesos judiciales.

Las contingencias jurídicas se solucionan con arbitrajes, hay contratos de obra donde se deniega un adicional de obra, ampliación de plazo para la ejecución de la obra, aprobación del informe del contratista para su pago, deducción de obra y no hay acuerdo al monto de los gastos generales.

Hay desconfianza con el Gobierno, tenemos una burocracia paquidérmica compleja y trámites inmanejables que no facilitan la inversión, el Estado predatorio no funciona y nuestro aparato estatal es débil e ineficiente y cuando se le relaciona con la inversión privada, las señales son para trabarla. La burocracia usa su autoridad para maximizar sus beneficios personales, la corrupción es endémica y la desorganización de la sociedad es promovida.

Una pregunta es ¿Se puede gobernar, redistribuir la riqueza y dar servicios donde el Estado teniendo el monopolio de la fuerza (seguridad, defensa, justicia) no dispone de recursos?

Debemos recaudar más y se debe reformarlos tributos (Renta, IGV, Impuesto Selectivo al Consumo, Aranceles de Aduana) y simplificar las normas de recaudación.

No tenemos una política tributaria que promueva la reinversión de las utilidades, e incentive la investigación e innovación. Se debe promover la formalización del 70% de la economía que no tiene acceso a los beneficios del sector formal y atacar la ilegalidad disfrazada de informalidad, hay que combatir la subvaluación, contrabando, piratería, falsificación de productos, el narcotráfico y evitar los oligopolios.

La política económica neo liberal ha reducido la influencia que tenían los sectores en la formulación de su política sectorial y es el MEF que no es especializado quien la define desde su punto de vista de caja del tesoro público y de la inflación, siendo juez y parte, con decisiones en aspectos tributario, financiamiento, aranceles, entre otros y creando sistemas que obstaculizan el funcionamiento público.

Ahora las políticas sectoriales deben tener el visto bueno del MEF, los Ministerios han perdido la capacidad de formular y ejecutar políticas, así como influir sobre otras políticas (macroeconómicas) que inciden en cada sector.

El crecimiento económico requiere de mercados que permitan la competencia y una población educada; acompañando sus actividades con leyes simples y claras que sean aplicadas en un sistema Judicial honesto. Se requiere empresarios capaces e innovadores, no evasores tributarios y coimeros para obtener el favoritismo e influencia estatal.

El Gobierno debe velar por la seguridad pública, la justicia y establecer una política económica con un modelo económico que fomente ahorro e inversión, para lograr un crecimiento del PBI (producto bruto interno) del 5%.

El Gobierno debe tener habilidad técnica para que explique nuestra situación económica y que los problemas se pueden manejar, pero depende que se prioricen con racionalidad a través de una política económica que atraiga la inversión con un Plan de Desarrollo Nacional Descentralizado.

La economía puede crecer el 2020 en su PBI 3.0%, por la poca inversión privada y la baja inversión pública.

(*) Economista

Por: Germán Lench Cáceres
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, afirma: “La economía crecerá 4% el 2020”; pero debemos crecer a tasas del 5% para crear empleo y reducir la pobreza.

La economía está estancada por la coyuntura política, con la elección congresal y destapes de corrupción, lo que genera incertidumbre en el consumidor y el inversionista.

Lo afirmado por el MEF no es posible, ya que confía en incrementar la inversión pública. El 40% de las obras públicas están paralizadas con arbitrajes y hay deficiencias técnicas e incumplimiento contractual por procesos judiciales.

Las contingencias jurídicas se solucionan con arbitrajes, hay contratos de obra donde se deniega un adicional de obra, ampliación de plazo para la ejecución de la obra, aprobación del informe del contratista para su pago, deducción de obra y no hay acuerdo al monto de los gastos generales.

Hay desconfianza con el Gobierno, tenemos una burocracia paquidérmica compleja y trámites inmanejables que no facilitan la inversión, el Estado predatorio no funciona y nuestro aparato estatal es débil e ineficiente y cuando se le relaciona con la inversión privada, las señales son para trabarla. La burocracia usa su autoridad para maximizar sus beneficios personales, la corrupción es endémica y la desorganización de la sociedad es promovida.

Una pregunta es ¿Se puede gobernar, redistribuir la riqueza y dar servicios donde el Estado teniendo el monopolio de la fuerza (seguridad, defensa, justicia) no dispone de recursos?

Debemos recaudar más y se debe reformarlos tributos (Renta, IGV, Impuesto Selectivo al Consumo, Aranceles de Aduana) y simplificar las normas de recaudación.

No tenemos una política tributaria que promueva la reinversión de las utilidades, e incentive la investigación e innovación. Se debe promover la formalización del 70% de la economía que no tiene acceso a los beneficios del sector formal y atacar la ilegalidad disfrazada de informalidad, hay que combatir la subvaluación, contrabando, piratería, falsificación de productos, el narcotráfico y evitar los oligopolios.

La política económica neo liberal ha reducido la influencia que tenían los sectores en la formulación de su política sectorial y es el MEF que no es especializado quien la define desde su punto de vista de caja del tesoro público y de la inflación, siendo juez y parte, con decisiones en aspectos tributario, financiamiento, aranceles, entre otros y creando sistemas que obstaculizan el funcionamiento público.

Ahora las políticas sectoriales deben tener el visto bueno del MEF, los Ministerios han perdido la capacidad de formular y ejecutar políticas, así como influir sobre otras políticas (macroeconómicas) que inciden en cada sector.

El crecimiento económico requiere de mercados que permitan la competencia y una población educada; acompañando sus actividades con leyes simples y claras que sean aplicadas en un sistema Judicial honesto. Se requiere empresarios capaces e innovadores, no evasores tributarios y coimeros para obtener el favoritismo e influencia estatal.

El Gobierno debe velar por la seguridad pública, la justicia y establecer una política económica con un modelo económico que fomente ahorro e inversión, para lograr un crecimiento del PBI (producto bruto interno) del 5%.

El Gobierno debe tener habilidad técnica para que explique nuestra situación económica y que los problemas se pueden manejar, pero depende que se prioricen con racionalidad a través de una política económica que atraiga la inversión con un Plan de Desarrollo Nacional Descentralizado.

La economía puede crecer el 2020 en su PBI 3.0%, por la poca inversión privada y la baja inversión pública.

(*) Economista

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