George Orwell decía: «Si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere escuchar”. Sin embargo, en esta era de corrección política, ese derecho parece cada vez más un lujo, a veces un riesgo o un suicidio.
La idea de que lo políticamente correcto (PC) es la camisa de fuerza del pensamiento libre surge cuando vemos que las normas del lenguaje y comportamiento, originalmente pensadas para fomentar el respeto o la equidad, se vuelven tan rígidas que limitan la capacidad de las personas para expresar nuevas ideas, cuestionar supuestos o explorar temas incómodos. Esto ocurre por una combinación perversa de presión social, institucionalización de reglas y un cambio en cómo se percibe el desacuerdo.
Cuando ciertas palabras, frases o perspectivas se etiquetan como «inaceptables» —ya sea por ser ofensivas, insensibles o contrarias a una narrativa dominante— la gente empieza a autocensurarse por miedo al rechazo o la condena. En entornos como redes sociales, decir algo que se salga de lo «políticamente correcto» puede desencadenar críticas feroces y campañas de desprestigio. Esto crea un efecto de “enfriamiento” cuyo costo personal es tan alto que muchos prefieren callar. Un caso clásico es el de los académicos o comediantes que evitan temas de raza, género o religión por no ser malinterpretados o “ejecutados” en la guillotina de los medios.
La institucionalización de lo PC amplifica el problema. Cuando lo PC se codifica en políticas —como por ejemplo códigos de conducta en universidades, manuales de diversidad en empresas o algoritmos de moderación en plataformas digitales— deja de ser una guía flexible y se convierte en una regla estricta y ciertamente autoritaria. Por ejemplo, en los 90, varias universidades de EEUU implementaron «códigos de discurso» que sancionaban el lenguaje considerado ofensivo. Estas reglas, aunque bien intencionadas, a menudo carecen de matices y castigan la intención o el contexto, restringiendo el debate abierto.
Hoy hay un cambio en cómo vemos el desacuerdo. Lo PC, en su forma más rígida, tiende a equiparar palabras o ideas «incorrectas» con daño moral o violencia. Decir algo fuera de la norma no es solo una diferencia de opinión; se lo interpreta como ataque a la identidad o dignidad de otros. Esto lleva el desacuerdo a un plano personal y emocional, donde cuestionar una idea protegida (como políticas de identidad de género o justicia social) se lee como falta de empatía o incluso odio.
Entre los muchos temas controversiales de lo no PC se encuentra el de si las mujeres, en promedio, tienen menos interés para campos en ciencias exactas como matemáticas, física o computación. Una pregunta legítima especialmente para el diseño de políticas públicas en la educación y fomento de las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Gijsbert Stoet (University of Essex) y David Geary (University of Missouri), descubrieron que, en los países más igualitarios del mundo, las mujeres eligen menos las carreras STEM. Ellos publicaron en Psychological Science (2018), que en Suecia y Noruega —bastiones de la igualdad de género— las mujeres representan un porcentaje menor de graduadas en STEM que en Argelia o Túnez, donde la desigualdad es la norma. En Noruega, solo el 16% de los graduados en Ciencias de la Computación son mujeres, y en Suecia el 27% de los investigadores en Física son mujeres; cifras que palidecen frente a sus contrapartes menos «progresistas». Es la «paradoja de la igualdad de género»: cuanto más libre es una sociedad, más se amplían las diferencias entre hombres y mujeres en sus elecciones.
En países ricos e igualitarios, las mujeres pueden seguir sus intereses intrínsecos, que tienden a inclinarse hacia lo «orientado a las personas» (medicina, educación) en lugar de lo «orientado a cosas» (informática, ingeniería). En contraste, en lugares donde la necesidad económica aprieta, las mujeres optan por STEM porque paga bien y da prestigio; no necesariamente porque lo deseen. Es una idea que colisiona con el evangelio progresista de que más igualdad siempre significa más mujeres en laboratorios. Pero, como dijo Christopher Hitchens, «el verdadero enemigo de la verdad no es la mentira, sino la convicción de que debemos proteger a la gente de la realidad por su propio bien».
La corrección política entra aquí sin tapujos: cuestionar las políticas de diversidad y cuotas de género en STEM se etiqueta como sexista, mientras que aceptar la paradoja parecería una rendición ante la desigualdad. La verdad, como diría Orwell, se convierte en rehén de lo que queremos escuchar.
Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras escuelas y universidades? Las políticas educativas actuales —cuotas, campañas “pro mujeres en STEM», incentivos— parten de la idea de que la subrepresentación es un problema que resolver. Pero forzar la paridad es opresivo. Imaginemos a una adolescente, brillante en ciencias, pero apasionada por la enseñanza de niños, empujada hacia la programación porque «hay que equilibrar las cifras.» ¿Es eso igualdad o control?
En lugar de cuotas, podríamos invertir en mostrar cómo STEM puede ser humano y creativo —conectar la informática con la sostenibilidad o la ingeniería con la salud— para atraer a quienes ya se inclinan por lo «orientado a las personas.» Otra opción es aceptar que la libertad implica diferencias y fortalecer áreas donde las mujeres ya brillan, como la biotecnología, sin obsesionarnos con los números en física o computación. Pero esto requiere dejar de medir el éxito por la paridad.
Lo PC nos ciega ante estas opciones. Nos empuja a repetir mantras —»más mujeres en STEM, siempre»— sin preguntar si eso es lo que ellas quieren o si el mundo lo necesita. Hitchens tenía razón: protegernos de la realidad no nos hace más libres, solo más cómodos. Y si la paradoja de Stoet y Geary nos enseña algo, es que la verdadera igualdad podría significar aceptar que hombres y mujeres, cuando libres, no siempre elijen lo mismo. ¿Estamos listos para escuchar esa verdad?
(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República
