En 15 días, 41 millones de colombianos elegirán un nuevo presidente, hecho que reviste especial relevancia para el Perú no solo por los históricos vínculos de hermandad que nos unen desde hace 200 años, sino porque compartimos una frontera de 1,626 kilómetros y formamos parte de diversos organismos internacionales, como la Comunidad Andina de Naciones, la Alianza del Pacífico, el Tratado de Cooperación Amazónica, la Asociación Latinoaméricana de Integración y la OEA.
Una relación bilateral que, lamentablemente, ha sido dañada por torpes y calumniosas declaraciones del actual mandatario, Gustavo Petro, quien se entrometió pertinazmente en asuntos de competencia interna de nuestro país.
Lo hizo a través de una estridente y falsa narrativa en respaldo a Pedro Castillo, manifestando que resultó cesado por un «golpe parlamentario, sin contar con defensa legal ni mandato judicial, por ser de la sierra y pobre».
Esa sostenida versión de Petro es falsa y perversa porque soslaya que Castillo fue destituido por impulsar un fallido golpe de Estado, con el voto de 106 parlamentarios, incluyendo seis miembros de su agrupación, Perú Libre. Olvidó, también, que cuenta con 30 abogados desde diciembre del 2022 y acaba de incorporar al siniestro ex fiscal JD Pérez. Asimismo, desconoce que el juez supremo, Juan Carlos Checkly, fue quien dispuso su arresto desde el 7 de diciembre de 2022. Se caen, así, una a una, las tracaleras aseveraciones del ex guerrillero del M-19.
Pero su ofensiva anti peruana es más amplia. Recordemos que, probablemente para tratar de distraer a sus connacionales de los resultados de su pésima administración, sostuvo que la isla Santa Rosa es parte de su país, un golpe alevoso y torpe que desconoce el Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922 y otros instrumentos internacionales que ubican ese distrito en nuestro territorio. Ahí, en esa zona selvática, ubicada en la provincia de Ramón Castilla, Loreto, se ubica dicho atolón de 15 mil kilómetros, habitado por 3 mil compatriotas, que cuentan con la protección de efectivos del Ejército, la Marina y la PNP.
Este intento de usurpación se conoció cuando en una reunión de la Mesa Técnica de Seguridad Fronteriza, realizada en Leticia, el Director de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, Diego Cadena, manifestó que Santa Rosa pertenece a Colombia, motivando la enérgica protesta de nuestra Cancillería. Se rompió así una larga etapa de fraternal y provechosa vecindad entre la población colindante de los dos países.
Pero hay otras agresiones.
Un año antes, en 2023, Petro atacó a la Policía Nacional por cumplir su responsabilidad de restablecer el orden público, enfrentando a turbas extremistas que bloquearon las carreteras durante 20 días y atacaron los aeropuertos de Arequipa, Cusco, Ayacucho y Andahuaylas, porque la vicepresidenta Dina Boluarte había asumido la jefatura del Estado por sucesión prevista en la Carta Fundamental.
Petro, sin embargo, sostuvo que nuestros agentes «marchaban como nazis contra su propio pueblo»; una grave ofensa que motivó que el Congreso de la República lo declare persona no grata.
Esperamos, pues, que con el nuevo gobierno se superen estos desafortunados incidentes, que han reducido las relaciones bilaterales a nivel de encargados de negocios.
Lo mismo debe suceder con México, país con el que hemos roto relaciones diplomáticas debido a que el presidente López Obrador, en una flagrante intromisión en asuntos peruanos, nos lanzó amenazas e insultos, exigiendo, absurdamente, que retorne a Palacio de Pizarro el desaforado político chotano.
