El último dictamen de la Comisión de Venecia sobre el sistema de justicia en el Perú señaló que el próximo Congreso bicameral debería evaluar la reforma constitucional propuesta por la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia.

Dicha recomendación es un notable incentivo para el trabajo desarrollado por la Comisión Especial, que he tenido el honor de presidir. En poco más de un año hemos trabajado una propuesta de reforma constitucional integral sobre el sistema de justicia y tres propuestas de leyes orgánicas clave (del Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional).

La Comisión Especial convocó a todos los actores del sistema de justicia, de allí su alta legitimidad. Se logró un amplio consenso y ello ha sido posible gracias al enfoque técnico, plural y descentralizado del trabajo desplegado en 31 sesiones, en las que participaron más de 90 autoridades judiciales y fiscales, juristas, especialistas y representantes de instituciones vinculadas, directa o indirectamente, al sistema de justicia.

La CERJ ponderó las iniciativas y cambios con la finalidad de concluir una proposición rigurosa. Abordó los problemas centrales del sistema de justicia, como la provisionalidad de la magistratura, la ausencia de una carrera judicial y fiscal de alto nivel, la falta de garantías de imparcialidad en la labor jurisdiccional (como la ratificación periódica de magistrados) y, en general, las desventajas de no tener un efectivo sistema que, en el respeto de las autonomías funcionales e institucionales, garanticen al ciudadano un servicio de justicia de calidad y la carencia de un presupuesto adecuado para lograr tales fines.

Con el ánimo de afianzar la socialización del trabajo, se acaba de publicar el libro titulado “Propuesta Integral de Reforma Constitucional del Sistema de Justicia”, que recoge la fórmula normativa y el detalle de la justificación de cada eje temático; además de tener un estudio preliminar pertinente. Este texto, que es un esfuerzo de la presidencia de la comisión especial, resume el trabajo desplegado y espera ser un punto sustancial para el estudio y debate en el próximo Congreso de un asunto de medular importancia para el sistema democrático y el desarrollo del país: la mejora del servicio de justicia.

Estoy segura de que el trabajo de la Comisión Especial trascenderá en el tiempo, porque más allá de las naturales diferencias políticas, se logró priorizar el objetivo común, que es el interés público. Con la honestidad de haber trabajado sin sesgos de ningún tipo y con plena neutralidad, tengo la satisfacción de haber promovido y dirigido un aporte apreciable del último Congreso unicameral. Confío en que la propuesta continuará su propósito en el tiempo próximo y todos los peruanos de todas las regiones accedan a una justicia imparcial, oportuna y eficiente.