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    Por: Martín Valdivia Rodríguez / A la cárcel con los faltosos

    En otros países del mundo cuando a alguien se le ocurre levantar la mano a un policía, inmediatamente el sujeto es reducido y, si opone resistencia, se le aplica un choque eléctrico de manera inmediata. Sin decir palabra, se le conduce a la delegación policial y se le mete en la cárcel para luego ser procesado por resistencia a la autoridad. Esta es una práctica común, pues un policía representa al Estado y agredir a éste es como agredir a la sociedad misma.

    Esto en cualquier parte del mundo, pero no en Perú. Aquí la autoridad forcejea con sus agresores y hasta permite que se le pegue, muerda, arañe, atropelle y escupa. El colmo de esta situación se pudo apreciar cuando un grupo de faltosos tiró a la piscina a fiscalizadores de La Victoria que cumplían con su deber. En el Perú nadie hace caso a la autoridad, así de simple.

    Desde la modificación del artículo 367 del Código Penal – que impulsara un acuerdo plenario aprobado por la Corte Suprema de Justicia – las cosas han cambiado sustancialmente. Antes, la violencia contra policías se consideraba como agravante y se podía sancionar con 8 a 12 años de prisión. Hoy no. La Defensoría de la Policía Nacional, informó que se han registrado 2,031 casos por violencia y resistencia a la autoridad desde el año 2017 al 2020. De todos los denunciados, solo uno de ellos fue castigado.

    Hace dos días, una mujer ebria jaló de los cabellos a una mujer policía en plena comisaría de Miraflores. No la soltó y termino por escupirla, protagonizando luego lamentables escenas de histeria en la dependencia policial. ¿La fiscalía la dejará libre? ¿Se le aplicará la modificatoria del artículo 367 para decir que la mujer en mención cometió sólo una “falta”?

    Si la justicia no apoya a la policía para sancionar con severidad a estas irresponsables personas, la Policía Nacional (PN) irá perdiendo el respeto de la ciudadanía y, con ello, se verá resquebrajado el principio de autoridad en nuestro país. La autoridad debe y tiene que ser respetada por todos los ciudadanos. A la primera levantada de mano, al piso, las marrocas y a la cárcel. La ley debe imponerse ante todo. No deseamos vivir en un país donde la ley de la selva sea el pan de cada día. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.

    En otros países del mundo cuando a alguien se le ocurre levantar la mano a un policía, inmediatamente el sujeto es reducido y, si opone resistencia, se le aplica un choque eléctrico de manera inmediata. Sin decir palabra, se le conduce a la delegación policial y se le mete en la cárcel para luego ser procesado por resistencia a la autoridad. Esta es una práctica común, pues un policía representa al Estado y agredir a éste es como agredir a la sociedad misma.

    Esto en cualquier parte del mundo, pero no en Perú. Aquí la autoridad forcejea con sus agresores y hasta permite que se le pegue, muerda, arañe, atropelle y escupa. El colmo de esta situación se pudo apreciar cuando un grupo de faltosos tiró a la piscina a fiscalizadores de La Victoria que cumplían con su deber. En el Perú nadie hace caso a la autoridad, así de simple.

    Desde la modificación del artículo 367 del Código Penal – que impulsara un acuerdo plenario aprobado por la Corte Suprema de Justicia – las cosas han cambiado sustancialmente. Antes, la violencia contra policías se consideraba como agravante y se podía sancionar con 8 a 12 años de prisión. Hoy no. La Defensoría de la Policía Nacional, informó que se han registrado 2,031 casos por violencia y resistencia a la autoridad desde el año 2017 al 2020. De todos los denunciados, solo uno de ellos fue castigado.

    Hace dos días, una mujer ebria jaló de los cabellos a una mujer policía en plena comisaría de Miraflores. No la soltó y termino por escupirla, protagonizando luego lamentables escenas de histeria en la dependencia policial. ¿La fiscalía la dejará libre? ¿Se le aplicará la modificatoria del artículo 367 para decir que la mujer en mención cometió sólo una “falta”?

    Si la justicia no apoya a la policía para sancionar con severidad a estas irresponsables personas, la Policía Nacional (PN) irá perdiendo el respeto de la ciudadanía y, con ello, se verá resquebrajado el principio de autoridad en nuestro país. La autoridad debe y tiene que ser respetada por todos los ciudadanos. A la primera levantada de mano, al piso, las marrocas y a la cárcel. La ley debe imponerse ante todo. No deseamos vivir en un país donde la ley de la selva sea el pan de cada día. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.

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