Por: Martín Valdivia Rodríguez / En otros países del mundo cuando a alguien se le ocurre levantar la mano a un policía, inmediatamente el sujeto es reducido y, si opone resistencia, se le aplica un choque eléctrico de manera inmediata. Sin decir palabra, se le conduce a la delegación policial y se le mete en la cárcel para luego ser procesado por resistencia a la autoridad. Esta es una práctica común, pues un policía representa al Estado y agredir a éste es como agredir a la sociedad misma.
Esto en cualquier parte del mundo, pero no en Perú. Aquí los policías forcejean con sus agresores y hasta permiten que se le pegue, muerdan, arañen, atropellen y escupan. El colmo de esta situación se pudo apreciar cuando una mujer de nombre Claudia Haro, abofeteó tres veces al mayor PNP Ricardo Vargas Contreras dentro de la propia comisaría. Y es que pagar y ofender a la policía ya no es considerado un delito sino una “falta”.
Desde la modificación del artículo 367 del Código Penal – que impulsara un acuerdo plenario aprobado por la Corte Suprema de Justicia – las cosas han cambiado sustancialmente. Antes, la violencia contra policías se consideraba como agravante y se podía sancionar con 8 a 12 años de prisión. Hoy no. La Defensoría de la Policía Nacional, informó que se han registrado 2,031 casos por violencia y resistencia a la autoridad desde el año 2016 al 2019. De todos los denunciados, solo uno de ellos fue castigado.
Hace dos días, una mujer ebria jaló de los cabellas a una mujer policía en plena comisaría de Miraflores. No la soltó y termino por escupirla, protagonizando luego lamentables escenas de histeria en la dependencia policial. ¿La fiscalía la dejará libre? ¿Se le aplicará la modificatoria del artículo 367 para decir que la mujer en mención cometió sólo una “falta”?
Si la justicia no apoya a la policía para sancionar con severidad a estas irresponsables personas, la Policía Nacional (PN) irá perdiendo el respeto de la ciudadanía y, con ello, se verá resquebrajado el principio de autoridad en nuestro país. La PN debe y tiene que ser respetada por todos los ciudadanos, además de entregarle todas las prerrogativas que tienen los diversos policías del mundo. A la primera levantada de mano, al piso, las marrocas y a la cárcel. La ley debe imponerse ante todo. No deseamos vivir en un país donde la ley de la selva sea el pan de cada día, una tarea más para este nuevo Congreso. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
