La discriminación no es un hecho aislado. Es parte de una deuda histórica con las personas con discapacidad.

 

El caso de la diputada Graciela Chipana Condori, quien enfrenta un proceso judicial por presunta discriminación contra un niño de tres años con autismo, debería llevarnos a una reflexión mucho más profunda.

No se trata únicamente de una denuncia ni de una persona. La justicia deberá establecer las responsabilidades correspondientes. Pero este caso nos obliga a mirar una realidad que miles de familias peruanas conocen demasiado bien.

En el Perú, tener una discapacidad todavía puede significar enfrentarse a puertas cerradas, oportunidades negadas y derechos que existen en el papel, pero que resultan difíciles de ejercer.

Durante los últimos veinte años hemos visto pasar gobiernos, ministros, congresistas y autoridades que anuncian compromisos con la inclusión. Se han aprobado leyes, elaborado planes y realizado campañas de sensibilización. Sin embargo, demasiadas familias siguen preguntándose cuándo esas promesas se convertirán en servicios y apoyos reales.

¿Cuántos niños con autismo continúan encontrando barreras para ingresar a una escuela?

¿Cuántos jóvenes terminan sus estudios y descubren que no existen oportunidades para continuar desarrollándose?

¿Cuántos adultos con discapacidad permanecen invisibles para las políticas públicas?

¿Y cuántas madres y padres envejecen con el temor de no saber quién cuidará de sus hijos cuando ellos ya no estén?

Esta última pregunta debería estremecer a cualquier sociedad que se considere justa.

Pero hay algo que no podemos seguir postergando: la capacitación de quienes tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos.

Necesitamos que los colegios públicos y privados cuenten con docentes, directores y personal administrativo verdaderamente preparados para comprender el autismo y las distintas discapacidades.

La educación inclusiva no puede depender de la buena voluntad de un profesor ni de que una familia tenga recursos para contratar apoyos particulares.

Necesitamos capacitación permanente y obligatoria, estrategias pedagógicas adaptadas, ajustes razonables y mecanismos de supervisión que garanticen que ningún estudiante sea rechazado por su condición.

No basta con matricular a un niño con discapacidad. Hay que garantizar que aprenda, participe, sea respetado y encuentre un entorno educativo que comprenda sus necesidades.

Y para conseguirlo necesitamos algo que ha faltado durante demasiado tiempo: verdadera voluntad política.

Voluntad política para asignar presupuestos, formar maestros, fortalecer los servicios públicos y fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Voluntad política para dejar de tratar la discapacidad como un asunto secundario y convertirla en una prioridad nacional.

Porque podemos aprobar todas las leyes que queramos, pero si no existen recursos, profesionales capacitados y autoridades comprometidas, esas leyes terminan siendo promesas incumplidas.

Las personas con discapacidad no son eternamente niños. Crecen, se convierten en adultos, envejecen y necesitan oportunidades, atención médica, educación, trabajo, vivienda y apoyos durante toda su vida.

Pero en el Perú, con demasiada frecuencia, esas responsabilidades terminan recayendo sobre las familias, especialmente sobre las madres, que se convierten en cuidadoras, defensoras de derechos y gestoras de servicios que deberían estar garantizados.

No podemos seguir confundiendo inclusión con caridad.

La inclusión no se mide por los discursos de las autoridades, sino por la posibilidad real de vivir con dignidad.

El caso difundido por Cuarto Poder debe servir para abrir una conversación nacional sobre la discriminación, las barreras educativas y la responsabilidad del Estado frente a las personas con discapacidad.

También debe recordarnos que los derechos no pueden depender de la sensibilidad de un docente, de la buena voluntad de una autoridad ni de la capacidad económica de una familia.

Los padres de las personas con autismo, llevamos años insistiendo en una verdad que todavía cuesta comprender:

 

EL AUTISMO NO TERMINA EN LA INFANCIA. LA DISCAPACIDAD NO DESAPARECE CUANDO UNA PERSONA CUMPLE 18 AÑOS.

Necesitamos políticas públicas que acompañen toda la vida, presupuestos suficientes, servicios accesibles y mecanismos efectivos para denunciar y sancionar la discriminación cuando corresponda.

Después de veinte años de compromisos políticos, las familias merecen respuestas concretas, continuidad en las políticas públicas y resultados verificables.

Que este caso no sea simplemente otra noticia que provoque indignación durante unos días y luego desaparezca.

Que nos obligue a mirar a quienes durante demasiado tiempo han permanecido fuera de las prioridades nacionales.

Porque una sociedad no puede llamarse inclusiva mientras las personas con discapacidad y sus familias tengan que luchar solas para ejercer sus derechos.

Y porque la pregunta ya no debería ser cuánto más pueden resistir las familias.

La pregunta es cuánto tiempo más tendremos que esperar para que el Estado asuma plenamente su responsabilidad.