A algunos elementos policiales les gusta la peliculina y ocultan así su miseria y su incapacidad ante la ola de delincuencia que afecta al país.
Para lograr objetivos subalternos -que es una publicidad enfermiza- no les importa atentar contra el derecho de las personas, la privacidad de la investigación, ni la confidencialidad en este caso de una refugiada.
Esta violación de derechos se produce en primer lugar en la Comisaría de San Borja y luego en la Policía Judicial, con respecto a una ciudadana turca, que tiene ocho años viviendo en Lima, y con estatus de refugiada en el Perú, porque es perseguida por el Gobierno despótico y violador de derechos humanos de Recep Tayyip Erdoğan.
Luego del autogolpe de estado del 2016, Erdoğan encarceló a sus opositores, y entre ellos persiguió a los miembros del Movimiento Hizmet, una organización pacífica dedicada a la educación y a promover la paz, el servicio a los más pobres y al diálogo interreligioso. Erdoğan les confiscó sus escuelas y universidades y muchos de ellos huyeron del país, salvando sus vidas, y obteniendo en muchos países el estatus de refugiados.
Erdoğan, que ha convertido a su país en la más grande cárcel, ha cerrado medios de información y ha encarcelado también a jueces, militares, políticos, educadores y periodistas, siendo torturados. A sus opositores los acusa de terroristas y los persigue por todo el mundo.
En algunos casos, los secuestra de otros países. Su propio ministro, Bekir Bozdag, señaló que su servicio de inteligencia ha secuestrado a 80 ciudadanos turcos de 18 países y que dichas acciones continuarán.
Asimismo, fracasan todos sus intentos de extradición de países como Alemania, Gran Bretaña, EE. UU., Brasil, Panamá, y recientemente Suecia y el Perú, por falta de pruebas, porque están protegidos por su estatus de refugiado, porque en Turquía se violan los derechos humanos, no hay democracia, no hay garantías de un juicio justo y existen acusaciones de tortura.
Hace mal la Policía, perdón, algunos elementos policiales, reitero, de difundir alegre e irresponsablemente videos hechos por ellos mismos tanto en la Comisaría de San Borja, como por la Policía Judicial, atentando contra los derechos de esta pobre refugiada y educadora “capturada” en su casa, con domicilio fijo e insisto con estatus de refugiada. Lo que hicieron fue una maldad.
Esto es una prueba más que el Perú no debe firmar un tratado de extradición con Turquía, violador de derechos humanos.
(*) Premio Mundial de Periodismo “Visión Honesta” 2023
