El Perú se encamina hacia un nuevo proceso electoral en abril, en medio de una fragmentación política sin precedentes. Más de treinta organizaciones aspiran a la Presidencia de la República y miles de candidatos buscan un escaño en el Senado y la Cámara de Diputados. La extensión misma de la cédula electoral será símbolo de una dispersión que revela debilidades estructurales: ausencia de partidos sólidos, precariedad institucional y una legislación que no ha sabido evitar los llamados “vientres de alquiler”, ni los tránsfugas, fenómeno que erosiona la representación democrática.
La proliferación de candidaturas no es necesariamente signo de pluralismo virtuoso; puede ser, más bien, expresión de atomización y falta de cohesión programática. En apenas nueve años, el Perú ha tenido siete u ocho jefes de Estado, lo que proyecta hacia el exterior una imagen de inestabilidad crónica. La gobernabilidad no es un lujo: es un requisito esencial para el desarrollo sostenido, la confianza inversionista y el fortalecimiento institucional.
A pesar de la turbulencia política, la economía peruana ha mostrado una resiliencia notable. Sin embargo, esa resistencia no debe confundirse con plenitud. El país pudo haber alcanzado mayores niveles de crecimiento, empleo formal e inversión privada si hubiese contado con mayor estabilidad normativa y previsibilidad política. La confianza -ese intangible decisivo- se construye con reglas claras y liderazgo firme.
Donde sí el deterioro ha sido evidente es en la política migratoria y en la seguridad ciudadana. Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se adoptaron decisiones que no fueron acompañadas de planificación suficiente ni de mecanismos eficaces de control y formalización. La solidaridad es un valor irrenunciable, pero el Estado tiene la obligación primaria de proteger el orden interno, garantizar la seguridad jurídica y velar por el bienestar de sus ciudadanos. Sin autoridad legítima, no hay libertad posible.
Como conservador, observo con preocupación cómo los principales actores de esta tendencia desperdician energías en confrontaciones públicas, disputas menores y cálculos de corto plazo. Cuando el debate se reduce a descalificaciones o competencias internas por un mismo segmento electoral, el resultado no es el fortalecimiento del espacio político, sino su debilitamiento. La historia reciente demuestra que la fragmentación del voto puede abrir paso a opciones improvisadas, populistas o ideologizadas que profundicen la incertidumbre.
El conservadurismo, entendido en su sentido más noble, no es mera reacción: es defensa del orden constitucional, de la institucionalidad republicana, de la economía social de mercado y de la primacía del Estado de derecho. Es también prudencia reformista: cambiar lo necesario sin destruir lo esencial. Para que estas ideas tengan viabilidad política, deben presentarse con altura intelectual, coherencia programática y vocación de unidad.
Sería políticamente sensato que las fuerzas afines prioricen propuestas antes que rivalidades, que formulen un programa mínimo compartido -seguridad, reactivación económica, reforma del sistema de justicia, fortalecimiento de partidos- y que permitan que el electorado elija, en una eventual segunda vuelta, entre alternativas sólidas dentro de un mismo marco de respeto institucional. La competencia es legítima; la autodestrucción, no.
El Perú necesita recuperar la confianza en la política como servicio público y no como escenario de confrontación permanente. Necesita liderazgo sereno, convicción democrática y visión estratégica. La ciudadanía espera soluciones concretas frente a la inseguridad, el empleo precario y la crisis de representación.
Estas elecciones no deben ser vistas únicamente como una contienda más, sino como una oportunidad de reafirmar principios fundamentales: orden, libertad, responsabilidad fiscal, respeto a la ley y cohesión social. La esperanza no nace de discursos incendiarios, sino de la construcción paciente de consensos y de la afirmación de valores compartidos.
Como advirtió Abraham Lincoln, “una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”. El Perú no puede permitirse seguir transitando por la senda de la fragmentación.
Que este proceso electoral sea el inicio de una etapa de madurez política, donde el debate sea firme pero respetuoso, competitivo pero responsable. El país lo merece. Y el futuro exige altura.
