La reciente intervención del canciller peruano Hugo de Zela ante el Consejo Permanente de la OEA marca un punto de inflexión en la defensa del derecho de asilo en América Latina. Con franqueza, sin tibiezas ni eufemismos, De Zela ha puesto sobre la mesa una preocupación legítima: el abuso del asilo diplomático como herramienta de impunidad y manipulación ideológica. Su propuesta no busca revocar un derecho consagrado, sino protegerlo de la distorsión.

La Convención de Caracas de 1954 es clara: el asilo no puede otorgarse a personas procesadas por delitos comunes. Sin embargo, algunos gobiernos lo conceden de manera automática, sin esperar informes del Estado afectado, sin verificar la naturaleza del delito, sin respetar el espíritu de la norma. Esa omisión no es un error técnico: es una forma de intervención política encubierta.

México, desde la administración de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha abandonado la histórica Doctrina Estrada -que promovía la no intervención en asuntos internos- para entrometerse abiertamente en procesos judiciales ajenos. El caso de Betssy Chávez, ex primera ministra peruana involucrada en un intento de golpe de Estado, es el ejemplo más flagrante. El gobierno mexicano le otorgó asilo sin esperar el más mínimo informe del Perú, ignorando que se trata de una persona procesada por delitos comunes, no por persecución política.

La propuesta peruana, presentada por De Zela, busca establecer un procedimiento obligatorio que obligue al país asilante a solicitar información oficial antes de conceder el asilo. No se trata de burocracia, sino de justicia. Dos o tres días bastarían para evitar que el derecho de asilo se convierta en una coartada para la impunidad.

El Perú no ha señalado nombres, pero ha hablado con claridad. Y esa claridad incomoda a quienes prefieren el silencio cómplice. No hay ganadores ni perdedores en este debate, pero sí hay principios que defender. El derecho de asilo nació para proteger a los perseguidos por sus ideas, no para blindar a quienes atentan contra el orden constitucional.

Tenemos el orgullo de contar con un diplomático experimentado como Hugo de Zela, que no se esconde detrás de frases diplomáticas vacías. Su voz representa a un país que ha enfrentado sus crisis con institucionalidad y que exige respeto.

Si México persiste en su abuso, el camino hacia la Corte Internacional de Justicia no debe descartarse. Ecuador ya lo hizo. El Perú también puede hacerlo. Porque defender el derecho de asilo es defender la justicia, no encubrirla.

La unidad latinoamericana no se construye con gestos ideológicos ni con asilos irresponsables. Se construye con respeto mutuo, con reglas claras y con la voluntad de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados.

Hoy, más que nunca, el Perú ha hablado con dignidad. Y el mundo debe escuchar.

(*) Premio Mundial de Periodismo “Visión Honesta 2023”