La reciente decisión del presidente interino José María Balcázar de ordenar la paralización del pago inicial del contrato de adquisición de aviones F-16, más allá de que no prosperó, no es solo un error político o administrativo: constituye un grave golpe a la credibilidad internacional del Perú, ya que comprometía la seguridad nacional y confirmaba una preocupante incapacidad moral para ejercer la Presidencia de la República.

Cuando un jefe de Estado actúa contra los intereses permanentes de la nación, desconoce compromisos asumidos por el propio Estado y expone al país al descrédito internacional, ya no estamos ante una simple equivocación: estamos ante una conducta incompatible con la dignidad del cargo.

El país ya había cumplido todas las etapas del proceso. La licitación fue adjudicada conforme a los mecanismos técnicos establecidos, superó las observaciones de la Contraloría y siguió los procedimientos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, diseñada bajo estándares internacionales -similares a los utilizados por la OTAN- para garantizar transparencia, competencia y rigor profesional. El contrato, además, ya estaba firmado entre la Fuerza Aérea del Perú y la empresa Lockheed Martin.

Por ello, el debate sobre si era mejor adquirir Sukhoi Su-57, Rafale, Gripen, F-35 —que no se vende a América Latina— o incluso priorizar radares, sistemas antimisiles o drones, simplemente ya terminó. Esa discusión pudo darse antes, durante la etapa de evaluación técnica y estratégica. Hoy ya no correspondía polemizar. El Estado peruano tomó una decisión soberana, institucional y técnica: comprar los F-16.

Lo único que correspondía era cumplir el contrato.

Sin embargo, al ordenar que no se efectúe el pago comprometido —que debía realizarse el martes 22— el Ejecutivo colocó al país en una situación de incumplimiento contractual. Esto no solo abría la puerta a eventuales penalidades, arbitrajes o controversias legales, sino que proyectaba una imagen de imprevisibilidad que afectaba directamente la confianza de socios estratégicos, inversionistas internacionales y aliados diplomáticos.

La renuncia del ministro de Defensa y del prestigioso canciller Hugo de Zela agravó aún más la crisis. No se trataba de funcionarios menores ni de diferencias políticas ordinarias: sino de la salida de dos altos responsables del Estado frente a una decisión presidencial que consideran insostenible.

Más aún, el propio canciller de Zela señaló con claridad que el presidente tenía pleno conocimiento de la firma del contrato y que, al negarlo públicamente, mintió al país. Esa afirmación fue devastadora. Si el presidente desconocía lo firmado, demostraba incapacidad; si lo sabía y lo negó, demostraba engaño deliberado. En ambos casos, la conclusión es la misma: no está en condiciones de gobernar.

En el ámbito internacional, la reputación de un país se construye sobre un principio elemental: la palabra empeñada se cumple. Cuando un Estado firma un contrato, no lo hace un gobierno pasajero, sino la República. Romper o dilatar ese compromiso por capricho político, confusión ideológica o evidente desconexión con la realidad debilita la percepción de seriedad institucional del Perú.

Las consecuencias iban mucho más allá del sector defensa. Este tipo de señales impactaba en futuras negociaciones comerciales, acuerdos de cooperación, inversión extranjera y relaciones estratégicas. Ningún actor internacional quiere asociarse con un país cuyo presidente improvisa, retrocede o actúa sin control político ni criterio de Estado.

Estados Unidos no es solo un proveedor militar en este caso; es un socio clave en múltiples niveles. La percepción de falta de confiabilidad podía traducirse en un enfriamiento de la relación bilateral, con efectos diplomáticos, comerciales y geopolíticos que el Perú no podía permitirse.

Por eso, aquí ya no se discutía un modelo de avión ni una preferencia doctrinaria sobre defensa. Se discutía algo más grave: la capacidad mental, política y moral del presidente para ejercer el cargo.

Aunque con el paso de las horas, la evidencia obligó a Balcázar a entrar en razón, lo cierto es que cuando la ideología nubla el juicio, cuando la improvisación reemplaza al Estado y cuando la mentira se instala en Palacio, el Congreso tiene la obligación constitucional de actuar.

José María Balcázar debe ser vacado por incapacidad moral. Y varias bancadas ya lo plantearon.

No hacerlo sería convertir la pasividad en complicidad.

Hoy está en juego la credibilidad internacional del Perú, la seguridad nacional y la dignidad misma de la República.