El 16 de junio de 2020, el contador público colegiado Yolino Jonzon Ortega Gonzales (matrícula 20492) entregó un informe de diecisiete páginas que nadie quiso leer. Revisaba el Informe Pericial N.° 42-2020 del Ministerio Público, que sostenía que la Unidad Ejecutora 028 de la II DIRTEPOL Chiclayo había pagado S/ 756 791,65 de más en mascarillas, alcohol en gel y lejía durante el peor mes de la pandemia. Su conclusión era incómoda: el perito del Estado estaba comparando precios de mayo con compras hechas en marzo y abril, cuando el país estaba paralizado y los insumos escaseaban.

Ortega demostró que los precios usados por la Fiscalía provenían de lugares donde el Estado no podía comprar: Mercado Libre, Makro, farmacias y supermercados que exigían tarjeta y pago previo. Adjuntó capturas de pantalla y halló en el SEACE que otras entidades públicas habían adquirido mascarillas en esas mismas semanas a S/ 4,80 y S/ 4,30, bajo contratación directa. Su conclusión fue clara: no hubo sobrevaloración.

Pese a ello, el 19 de agosto de 2020 la Fiscalía de Lambayeque, a cargo de José Óscar Guevara Gilarmas, ejecutó allanamientos y detenciones preliminares, y pidió prisión preventiva. La cifra siguió viva: reapareció en la disposición de formalización de la investigación en julio de 2021 y en la acusación de setiembre de ese año, siempre con el mismo monto de perjuicio.

El 12 de febrero de 2026, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Corrupción dictó la Resolución N.° 79, de 632 folios. Descartó el peritaje 42-2020 y redujo el perjuicio a S/ 129 351,50, apenas un sexto de lo acusado. El juez repitió, palabra más palabra menos, lo que Ortega había escrito en junio de 2020: el perito buscó precios de mayo para compras de marzo y abril.

El problema fue mayor: el perito Willian Gabriel Canario Santa Cruz nunca declaró en juicio. No acudió pese a las citaciones, se agotó su conducción compulsiva y su informe se incorporó por lectura. Los acusados fueron llevados a juicio por una cifra que nadie pudo defender. Además, documentos internos del Ministerio Público señalan que entre abril y junio de 2020 Canario no prestó servicios en la Oficina de Peritaje. Sus contratos llegaban hasta marzo. Sin embargo, el 28 de abril apareció en las oficinas de Logística de la policía con chaleco azul del Ministerio Público y firmó actas con su huella digital.

En noviembre de 2021 todo esto fue denunciado ante la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque contra Guevara Gilarmas y otros funcionarios, por usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad. Cinco años después, el país no sabe qué se hizo con esa denuncia.

La lección es clara: un proceso penal no es un torneo. El fiscal debe actuar con objetividad, incluso frente a pruebas que contradicen su hipótesis. Aquí hubo allanamientos, prisiones preventivas y carreras destruidas durante seis años, todo sobre un número que el propio Estado terminó dividiendo entre seis. Y lo más grave: desde junio de 2020 ya existía un informe que explicaba, con capturas y datos oficiales, por qué ese número estaba mal.

Nadie lo leyó. O peor: alguien lo leyó y siguió adelante.