Hay una pregunta que el Perú lleva décadas evadiendo con la comodidad de quien tiene petróleo bajo los pies: ¿qué tipo de país queremos ser energéticamente en el siglo XXI? La respuesta que hemos dado hasta ahora no es una política de Estado; es una inercia. Una inercia fósil, costosa y cada vez más incompatible con los compromisos que hemos firmado ante el mundo y con la vulnerabilidad climática que sufrimos en carne propia. Mientras los glaciares andinos se desintegran, los ríos amazónicos se secan o desbordan según la estación del caos climático, y comunidades enteras negocian su sobrevivencia frente a los efectos del Fenómeno El Niño, el Estado peruano sigue apostando, en los hechos, a la permanencia de los hidrocarburos. Y eso, en 2026 viviendo una crisis energética la última semana, no es una opción. Querido lector quiero compartir algo contigo; el Congreso peruano, entre 2015 y 2023, la Comisión de Energía y Minas discutió la consolidación de la industria petrolera o la explotación de hidrocarburos en 104 sesiones, mientras que el debate sobre energías renovables fue marginal. En la misma sala donde debería diseñarse el futuro, se sigue debatiendo el pasado. El compromiso internacional asumido por el Perú es llegar al 20% de energía renovable no convencional —solar, eólica, biomasa— para 2030. Hoy, ese porcentaje no supera el 6% de la red interconectada. A cuatro años del plazo, la brecha no se está cerrando: se está ensanchando. El Perú no carece de compromisos normativos. Lo que carece es de coherencia entre lo que firma y lo que hace.
La transición energética no es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de soberanía nacional. Un país que depende del 45% de su energía de un recurso que importa o que extrae a ritmo decreciente, es un país estructuralmente vulnerable frente a la volatilidad del precio internacional del petróleo, frente a las crisis geopolíticas que afectan los mercados energéticos, y frente al futuro de los acuerdos de libre comercio que ya empiezan a incluir condiciones de descarbonización. Y es, una cuestión de futuro económico. El mundo va hacia la descarbonización. Un Perú que llega al 2030 con el 6% de renovables no convencionales es un Perú que perderá acceso a mercados, financiamiento climático y credibilidad internacional. Hay algo que Uruguay entendió que el Perú todavía no asimila: la transición energética no es un sacrificio, es una inversión en soberanía. Uruguay pasó de importar el 100% de sus combustibles fósiles a exportar electricidad limpia a sus vecinos. Pasó de la crisis de apagones a liderar el ranking global de renovables. Y lo hizo sin tecnologías secretas, sin abundancia de recursos fósiles propios, sin milagros. Lo hizo con consistencia política, marco legal claro y alianza público-privada con visión de largo plazo. El Perú tiene sol, viento, agua y biomasa en cantidades que muchos países envidiarían. Lo que nos falta no es el recurso. Lo que nos falta es la decisión de convertirlo en política. Y esa decisión —postergada elección tras elección, entre debates sobre lotes petroleros y gasoductos cancelados— tiene un costo que ya estamos pagando: en glaciares que desaparecen, en ríos que cambian, en comunidades que negocian con el caos climático su derecho a existir, gracias por leerme.
(*) Abogada constitucionalista
