Cedric J. Robinson (1940-2016) fue un politólogo que dedicó su vida a una pregunta que incomodó ¿por qué las teorías de la emancipación nacidas en Europa fueron incapaces de ver a los pueblos que esa misma Europa esclavizó? Por eso acuñó, o más bien volvió visible, la noción de capitalismo racial: un orden económico que no unifica a los trabajadores, sino que los jerarquiza, los divide y convierte la diferencia en mecanismo de acumulación.

Su crítica no apuntaba solo contra el capital. Los primeros africanos llegaron al Perú con las huestes de la conquista. A inicios del siglo XVII, la población de origen africano en Lima era tan numerosa que la capital virreinal fue, en buena medida, una ciudad negra. Su trabajo sostuvo las haciendas de la costa, los obrajes, los trapiches y el servicio doméstico de la élite colonial. Pero también hubo resistencia: palenques como el de Huachipa, a inicios del siglo XVIII, cofradías que preservaron lenguas, ritmos y formas de organización, y estrategias legales para comprar la libertad o denunciar a amos crueles ante los tribunales. Esa es, en clave peruana, la tradición radical que describía Robinson: una resistencia que no figura en los manuales escolares porque no tuvo próceres oficiales.

En 1821, San Martín declaró libres a los hijos de esclavizadas nacidos después de la independencia. La República nació, por tanto, con esclavitud. Y cuando en 1854 Ramón Castilla decretó la abolición, el Estado indemnizó a los propietarios con dinero del guano, mientras las personas liberadas no recibieron tierra, reparación ni educación. Las haciendas, además, ya venían sustituyendo esa mano de obra con trabajadores chinos traídos bajo contratos de servidumbre desde 1849. Aquí la lectura de Robinson es demoledora.

La abolición no desmontó el orden racial; lo reorganizó. El capital cambió de cuerpo racializado y siguió acumulando. El liberalismo republicano llamó libertad a una transacción en la que los únicos compensados fueron los amos. Pero la lección de Robinson no se agota en la denuncia del poder oligárquico. Su crítica al marxismo europeo interpela también a la izquierda peruana. José Carlos Mariátegui, nuestro marxista más original, tuvo el mérito enorme de pensar el problema del indio como problema de la tierra y no de la raza. Sin embargo, en sus propios escritos dejó juicios despectivos sobre el aporte afroperuano a la nación, reproduciendo prejuicios de su época.

La tradición crítica peruana colocó al campesino indígena en el centro de la emancipación, y al hacerlo dejó al pueblo afroperuano fuera del relato. Robinson habría reconocido el patrón: incluso los proyectos emancipadores pueden heredar las jerarquías raciales que dicen combatir.

La Constitución de 1993 prohíbe la discriminación por origen y raza (artículo 2, inciso 2) y reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural (artículo 2, inciso 19). Pero cuando el texto constitucional se ocupa de sujetos colectivos, nombra a las comunidades campesinas y nativas en su artículo 89 y guarda silencio sobre el pueblo afroperuano. La omisión no es técnica; es histórica.

En 2009, el Estado pidió perdón al pueblo afroperuano mediante la Resolución Suprema N.º 010-2009-MIMDES. En 2022 se aprobó una política nacional al 2030. Son gestos valiosos, pero de baja jerarquía normativa y escaso presupuesto. Un perdón sin reparación repite, en clave contemporánea, la lógica de 1854: se reconoce el daño, pero no se redistribuye nada.

El Censo de 2017, en el que apenas alrededor del 3,6 % de la población se autoidentificó como afrodescendiente, muestra además el éxito de siglos de racismo: enseñar a no nombrarse. En el Perú, esa imaginación tiene nombres: los cimarrones de Huachipa, las cofradías limeñas, Nicomedes y Victoria Santa Cruz, que hicieron de la décima y el cajón un archivo de memoria y un acto de denuncia. La pregunta que nos deja Robinson es si el constitucionalismo peruano está dispuesto a leer ese archivo, o si seguirá, como en 1854, indemnizando a los amos y llamando libertad a la exclusión. Soy afroperuana con orgullo, gracias por leerme.

(*) Abogada constitucionalista, docente universitaria y doctoranda en Filosofía (UNMSM)