Y que el Estado actuará como aval para captar fondos de terceros
El titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que el presidente de la República, José Balcázar, no va a suspender el decreto de urgencia ―aprobado en diciembre pasado durante la gestión de José Jerí― que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú.
Arroyo Sánchez señaló que «Petroperú se está reflotando de otra manera diferente» y que la próxima semana se dará un «anuncio definitivo» sobre el sistema elegido para el manejo de la empresa.
«Petroperú es una institución estratégica para el Perú. Difícilmente estas empresas [privadas] que manejan combustible van a llegar a ese Perú profundo que yo siempre hablo, solo la única que llega es Petroperú», sostuvo a Exitosa.
En esa línea, el integrante del Ejecutivo afirmó que el sector privado difícilmente llega a las localidades lejanas, por lo que la desaparición de la compañía pública dejaría desprotegidas a dichas poblaciones.
Arroyo explicó también que no se utilizarán recursos directos del tesoro público para esta operación.
Así, precisó que el capital no provendrá del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que, en su lugar, el Estado peruano funcionará como aval para que Petroperú adquiera fondos de terceros.
De otro lado, descartó cambios en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a los serios cuestionamientos que viene recibiendo Óscar Arriola Delgado, acusado por una parte de la ciudadanía y transportistas de no dar la talla en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
El primer ministro ratificó su confianza en el trabajo del máximo jefe de la PNP, aseverando que «es una persona preparada» y que pronto «habrán buenos resultados» en favor de la población.
Arroyo Sánchez reveló, que durante la próxima semana llegarán más de 40 000 cámaras de seguridad en favor de los buses de transporte público, con el objetivo de reforzar las acciones del Ejecutivo contra la criminalidad, identificando en tiempo real a los extorsionadores y delincuentes que atentan permanentemente contra las unidades y sus usuarios.




