El titular del Consejo de Ministros manifestó su inquietud acerca del caso de la Junta Nacional de Justicia
El jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que en relación con la investigación en curso sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ejecutivo se muestra preocupado y solicita que se mantenga el respeto a la institucionalidad de los órganos del Estado.
Así lo indicó en una entrevista para RPP, donde mencionó que el Perú «ha pasado por una fractura institucional y creemos que debiera llegar el momento en que las instituciones actúen sin menoscabar los estándares mínimos de la democracia».
«Lo que hemos pedido nosotros ha sido algo muy sencillo, que se respete las competencias del debido proceso y derecho de defensa y la institucionalidad de los órganos del Estado», sostuvo.
En otro momento, hizo referencia a lo anunciado hoy por la presidenta de la República, Dina Boluarte, acerca de la declaración del estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.
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Al respecto, señaló que «las Fuerzas Armadas van a actuar en respaldo de la Policía Nacional», por lo que el control del orden interno seguirá a cargo de la Policía Nacional. «Las Fuerzas Armadas van a estar a disposición de la Policía para respaldar en el cuidado de los activos críticos», enfatizó.
Además, comunicó que en un futuro cercano sostendrá una reunión con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, con el propósito de «definir los planes operativos orientados a facilitar las acciones de inteligencia de la Policía Nacional».
Esto se llevará a cabo con la finalidad de propinar «golpes efectivos a las organizaciones criminales y, sobre todo, de reducir significativamente los índices de robos y homicidios». También expresó su esperanza de que estas medidas puedan aplicarse en diversos distritos donde la problemática de la criminalidad también es preocupante.
Además, indicó que una vez se obtengan las facultades legislativas por parte del Congreso, se tomarán medidas de manera inmediata para promulgar las normativas necesarias en el ámbito de seguridad ciudadana.
A modo de ejemplo, mencionó el tema de la regularización migratoria, asegurando que no se concederá ninguna prórroga para que los ciudadanos extranjeros regularicen su estatus en el país. «No habrá prórroga y utilizaremos la Ley de Migraciones para proceder con su expulsión de inmediato», declaró.
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