A más de 100 días de las inundaciones en Rio Grande do Sul, la mayoría de los municipios afectados siguen en estado de calamidad.
Más de 110 días han pasado desde que las devastadoras inundaciones de mayo golpearan el estado brasileño de Rio Grande do Sul, y la situación en la región sigue siendo alarmante. A pesar de las promesas de reconstrucción, casi el 90% de los municipios afectados permanecen en estado de calamidad o emergencia, lo que ha generado un clima de preocupación tanto entre la población como en la clase política del país.
Las lluvias torrenciales afectaron a 2,5 millones de personas y dañaron más de 1,3 millones de viviendas en áreas de riesgo, según datos del Observatorio de Clima y Salud de la Fundación Oswaldo Cruz. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido criticada por su lentitud, ya que las viviendas prometidas a los damnificados aún no han sido entregadas. Esta situación podría tener un fuerte impacto en las elecciones municipales de octubre, especialmente en Rio Grande do Sul, donde la reconstrucción se ha convertido en un tema central de la agenda política.
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El ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, quien fue designado para gestionar la emergencia en su estado natal, ha decidido regresar a su puesto en Brasilia, lo que algunos interpretan como una señal de la creciente tensión entre los niveles de gobierno. Las disputas internas y la falta de coordinación han ralentizado los esfuerzos de recuperación, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Además de la crisis habitacional, la infraestructura del estado también se encuentra gravemente afectada. Más de 2.800 kilómetros de carreteras siguen intransitables, y 38 tramos de autopista permanecen bloqueados, complicando aún más la situación de los afectados. A pesar de la reapertura parcial del aeropuerto de Porto Alegre, las operaciones completas no se reanudarán hasta, al menos, octubre.
El gobernador Eduardo Leite ha insistido en la necesidad de más apoyo federal, pero los fondos prometidos por el gobierno de Lula no han llegado en su totalidad. Mientras tanto, la salud pública se ve comprometida con la aparición de enfermedades como la leptospirosis, que ya ha causado 25 muertes en el estado, y la inseguridad sigue siendo un problema, con numerosos casos de saqueos y robos en las zonas afectadas.
La situación en Rio Grande do Sul es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Brasil en la gestión de desastres naturales, y cómo estos pueden tener repercusiones políticas y sociales duraderas.
