Walter Ayala, abogado del expresidente Pedro Castillo, presentó un habeas corpus para pedir la «libertad inmediata» de su patrocinado, condenado a 11 años de cárcel por su responsabilidad en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
El recurso fue interpuesto ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, y se basa en las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluye que la detención de Castillo Terrones fue «arbitraria» y careció de base legal.
Ayala plantea también la nulidad de las actuaciones judiciales contra el exjefe de Estado, tales como la prisión preventiva de 18 y 36 meses que fueron dictadas, así como la sentencia en primera instancia del 4 de diciembre del año pasado, por la cual, actualmente, purga condena en el penal Barbadillo.
Además, el letrado solicita que se declare nula la resolución legislativa que declaró su vacancia presidencial por incapacidad moral, argumentando que se adelantó la sesión sin respetar su derecho a la defensa.
Asimismo, en el documento se señala como responsables de la presunta vulneración de la libertad del expresidente al actual jefe de Estado José María Balcázar, al ministro de Justicia Luis Jiménez Borra, al Congreso, a los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez supremo Juan Carlos Checkley Soria y al Ministerio Público.
El presidente de la república, José Balcázar, se pronunció en torno al informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo, tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fue «arbitraria» y careció de base legal.
Balcázar Zelada, en entrevista con Radio Nacional brindada ayer, indicó que tendrá que leer dicho documento, ya que, según consideró, «viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo como se puede dar indulto», específicamente al exmandatario, cuyo caso tendría que analizarse «a la luz de este nuevo acuerdo».
