La parlamentaria Patricia Chirinos presentó una iniciativa legislativa para que quienes destruyan edificios públicos y privados sean denunciados por terrorismo.
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La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una propuesta legislativa que separa a protestantes de terroristas. Para la congresista, no se puede usar como excusa una manifestación para atentar contra la propiedad pública y/o privada. Por ello, considera que este accionar debe ser registrado como acto terrorista y tendría que tener una pena no menor a 20 años de pena privativa de libertad.
Este proyecto de Ley tiene como coautores a los congresistas Alejandro Cavero, Diana Gonzáles, Norma Yarrow, Diego Bazán y el presidente del Congreso, José Williams; todos pertenecientes a la bancada de Avanza País.
«No podemos permitir que acciones terroristas, como incendiar aeropuertos y comisarías, solo sean considerados como actos vandálicos. Por ello, he presentado el proyecto de ley que permitirá procesar por terrorismo a quien utilizando las protestas ciudadanas ataque la propiedad pública o privada», escribió en su cuenta de Twitter.
No podemos permitir q acciones terroristas, como incendiar aeropuertos y comisarías, solo sean considerados como actos vandálicos. Por ello, he presentado el PL q permitirá procesar por terrorismo a quien utilizando las protestas ciudadanas ataque la propiedad pública o privada. pic.twitter.com/TJmZnzupSU
— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) February 3, 2023
«La persona o grupo de personas que crean, o mantengan en estado de zozobra, alarma o temor en la población o a un sector de ella, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personal o contra el patrimonio privado, destrucción de la propiedad privada y/o pública, bienes muebles y/o inmuebles, contra la seguridad de los edificios públicos y/o privados, carreteras, vías de transporte, medios de comunicación o transmisión de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, o contra las infraestructuras que generan desabastecimiento de recursos de primera necesidad empleando armamentos, materias o artefactos explosivos u otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 20 años de cárcel», señala el oficio.
Asimismo, este proyecto de Ley N° 4168/2022-CR plantea que las personas que desmantelen, incendien o destruyan hospitales, comisarias, dependencias militares, puertos, instituciones públicas, campamento mineros, entre otros o si secuestran, golpean y matan a algún funcionario público, agente de las fuerzas del orden, autoridad o de los bomberos con fines políticos, la pena privativa de libertad no será menor a 30 años.
«El que durante manifestaciones, aprovechándose de éste, ataque, destruya, desmantele, incendie, o atente contra comisarías, hospitales, dependencias policiales o militares, aeropuertos, puertos, campamentos gasíferos, campamentos mineros, hidroeléctricas, edificios de las diferentes instituciones públicas, empresas privadas y construcciones consideradas como patrimonio cultural de la nación. Así como también, el que o los que atenten contra la integridad física, libertad, cuerpo y salud, secuestre, golpee, o producto de estos hechos cause la muerte de servidores públicos, autoridades, agentes de las fuerzas armadas, policía nacional, bomberos, con fines políticos será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 30 años de cárcel», indica el documento.
