Presidente del Poder Judicial cuadra a rojos de la Corte IDH

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, refirió que su institución es autónoma en sus atribuciones y en las decisiones de los jueces, por lo que rechazó presiones de la Corte IDH para que rechacen ley aprobada por el Congreso sobre aplicación de delitos de lesa humanidad a partir del 2002.

“Lo que no puede hacer la Corte Interamericana es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley, los jueces sabrán si la declaran inaplicable o si es inconstitucional”, indicó.

Señaló que en caso la presidenta Dina Boluarte promulgue la ley, “si el juez considera que la norma atenta contra la Constitución y convenios internacionales hará uso del control difuso, y si es correcta la ley, la aplicara, y no por ello serán responsables de su decisión”.

“Otra opción es que los interesados recurran al Tribunal Constitucional impugnando la ley con la opción de inconstitucionalidad”, sostuvo.

Sobre las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén que anunció realizar coordinaciones entre poderes de Estado para una respuesta conjunta sobre la resolución de la CIDH, Javier Arévalo aseguró que su gestión al frente del Poder Judicial es independiente.

En esa línea, negó que haya suscrito un comunicado conjunto con el Poder Ejecutivo en rechazo al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ley promulgada por el Congreso que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

A pesar de los duros cuestionamientos de parte de la CIDH contra dicha iniciativa, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en la víspera, en segunda votación, la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.

La iniciativa impulsada por Fuerza Popular considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entran en vigor recién a partir del año 2002, por lo que los delitos cometidos anteriormente no estarían incluidos.


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