Contrato se otorgó 24 horas después de reunión en despacho congresal
El presidente interino José María Balcázar habría beneficiado a una exalumna con una orden de servicio en una entidad estatal apenas un día después de que esta registrara una visita a su despacho en el Congreso, según una investigación periodística difundida el 2 de marzo.
Visita y contrato en el Programa Nacional de Saneamiento Rural
De acuerdo con el reportaje, el 19 de agosto de 2021, la abogada Carla Bustíos Arteaga acudió al despacho congresal de José María Balcázar. Al día siguiente, el 20 de agosto, obtuvo una orden de servicio por S/16.000 en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
La profesional, de 37 años, había sido estudiante del ahora mandatario y su tesis fue asesorada por él. Para la fecha en que recibió el contrato, recién se había inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para contratar con el Estado.
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Designación en comisión especial del Tribunal Constitucional
Posteriormente, Bustíos Arteaga fue convocada a trabajar en la Comisión Especial de Selección de Candidatos para el Tribunal Constitucional (TC), grupo presidido entonces por Balcázar.
Aunque la abogada sostuvo que no mantenía trato directo con el legislador en dicha comisión, los registros de visitas consignan reuniones en el despacho parlamentario previas a sus contrataciones en el Estado.
Antecedentes y otras investigaciones
Este caso se suma a otras indagaciones que involucran al jefe de Estado. El Ministerio Público investiga a José María Balcázar por un presunto intento de intercambio de apoyo político en el Congreso a favor de la exfiscal Patricia Benavides, a cambio del nombramiento de un familiar en el Ministerio Público en Lambayeque.
La presunta vinculación entre el presidente y los contratos otorgados a su exalumna ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la función pública.
Investigación sobre José María Balcázar y contratación estatal
El caso relacionado con José María Balcázar y la contratación estatal continúa generando repercusiones políticas mientras se revisan los registros administrativos y las actuaciones vinculadas al despacho congresal. Las autoridades competentes deberán determinar si existió o no algún tipo de irregularidad en el proceso.
