Proponen que se fortalezca función fiscalizadora de consejeros y regidores

Iniciativa fue sustentada en Comisión de Descentralización

Iniciativa fue sustentada en Comisión de Descentralización

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, abordóun proyecto de ley que propone el fortalecimiento de la función fiscalizadora por parte de los consejos regionales y concejos municipales a nivel nacional.

La iniciativa, presentada por la congresista Norma Yarrow (Avanza País), precisa atribuciones y provee de recursos para ejercer la fiscalización por parte de los consejeros y regidores sobre las actividades y temas de interés público que desarrollan los gobiernos regionales y municipales.

Al mismo tiempo articula su actividad de fiscalización con las funciones y atribuciones del Sistema Nacional de Control.  Además, viabiliza y transparenta la información a los ciudadanos, dando cuenta de la gestión y lo realizado por las autoridades políticas

Igualmente, el proyecto otorga a los consejeros o regidores “nominar comisiones investigadoras, solicitar información específica con obligación de responder, respuestas, fiscalizar la implementación de las recomendaciones de los informes de control, fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública de funcionarios y directivos, designar al responsable del procedimiento administrativo disciplinario y el responsable de la función de integridad”.

Del mismo modo, los “consejeros y regidores pueden solicitar información con obligación de respuesta, hacer visitas inopinadas y disponer de recursos para fiscalizar con obligación de rendir cuentas”.

“Se regula también las audiencias de rendición de cuentas de la gestión presupuestal, dos por año, en mayo y setiembre. Tanto los procuradores públicos como los responsables de acciones de control deben informar regularmente a los respectivos consejos acerca de acciones y gestiones realizadas”, refiere el proyecto de Yarrow Lumbreras.

También se enfatiza que los alcaldes y gobernadores “deben nombrar personal de confianza sujeto a requisitos y perfiles”.

 

 

 


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