Iniciativa propuesta por congresista de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario
El congresista Juan Burgos Oliveros, miembro de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, ha propuesto una iniciativa legal que otorga al Poder Judicial la facultad de establecer tribunales anónimos para la investigación, juicio y sanción de individuos acusados de delitos de crimen organizado.
La finalidad de la propuesta N.° 6920/2023-CR es resguardar la identidad de los magistrados involucrados en estos casos y reforzar la lucha contra la criminalidad. Para lograr esto, sugiere modificar la Ley 30077, que regula las reglas y procedimientos relacionados con la investigación, juicio y sanción de delitos cometidos por organizaciones criminales, de manera que la identidad de los magistrados sea confidencial.
Según la propuesta, «la identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juicio y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial«.
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Además, la iniciativa establece que los fiscales y jueces no necesitarán firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, ya que su identificación se mantendrá confidencial mediante los códigos proporcionados por el Poder Judicial.
En las disposiciones complementarias, se dispone que el Poder Judicial establecerá el procedimiento para la creación de tribunales anónimos y, en un plazo de 120 días, deberá implementar códigos para los magistrados y fiscales que participen en la investigación, juicio y sanción de imputados por delitos de crimen organizado.
El congresista fundamenta su propuesta argumentando que la inseguridad ciudadana generada por el crimen organizado es un problema recurrente y preocupante en el país. Además, destaca que el accionar de las bandas de alta peligrosidad contribuye a un elevado nivel de inseguridad y que se han registrado amenazas contra los magistrados. En este contexto, sostiene que la actual situación de violencia exige buscar alternativas para erradicar la criminalidad y la inseguridad, preservando la identidad de los magistrados y fortaleciendo la lucha contra la criminalidad.
