La propuesta, impulsada por el legislador Jorge Montoya, busca otorgar amnistía a aquellos implicados en presuntos delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
En la agenda de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el legislador Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, está pendiente el debate sobre un proyecto de ley que propone otorgar amnistía a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y funcionarios del Estado que no tengan sentencia por presuntos delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
En abril de este año, el congresista Jorge Montoya, quien en ese momento formaba parte de la bancada de Renovación Popular (actualmente en Honor y Democracia), presentó el proyecto de ley n.º 7549-2023-CR.
La propuesta estaba programada para ser sustentada el martes 15 de octubre; sin embargo, se solicitó la reprogramación de la exposición ante la comisión parlamentaria.
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Fuentes parlamentarias informaron a nuestro medio que el congresista Montoya solicitó la reprogramación debido a «temas de salud» y a que ya tenía una cita médica programada con anterioridad.
En el dictamen se argumenta que han transcurrido más de 24 años desde los hechos, lo que justificaría la aplicación del principio jurídico del plazo razonable.
Además, la iniciativa de Montoya enfatiza la necesidad de regularizar la situación de estos individuos, destacando que aquellos que defendieron el orden constitucional y democrático no deberían enfrentar indefinidamente investigaciones o procesos penales.
ONU solicita informes a Perú
Por otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Perú que informe sobre las medidas adoptadas para asegurar que la llamada ‘Ley de Amnistía’, promovida por el Congreso de la República, no infrinja los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Como se ha señalado, expertos advirtieron que esta propuesta legislativa, finalmente aprobada por el Parlamento, permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y limita las capacidades de investigación y enjuiciamiento de crímenes cometidos antes del año 2002.
