Bajo la excusa de distribuir el espectro electromagnético, afirma Flores Aráoz
Diferentes cuestionamientos ha recibido el proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios de Perú Libre (PL), el cual busca declarar de necesidad pública e interés nacional la distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación.
Para Antero Flores Aráoz, se trata de un claro atentado contra la libertad de prensa y debería ser desestimado en el Congreso de la República.
“La libertad de prensa es garantía de la Democracia y atentar contra ella también es enfrentar a la Democracia”, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros.
Señaló que, bajo supuestas consideraciones de equidad, y que toda la población esté debidamente informada, “se está metiendo un torpedo bajo el disfraz de las buenas intenciones, pero ya sabemos que el infierno está empedrado de ellas”.
Flores Aráoz precisó además que el hecho de pretender la distribución del espectro electromagnético significaría un despropósito, pues si bien el “dial” tiene límites, ya hay otorgadas concesiones, autorizaciones y permisos a lo largo y ancho del país, sea para focalización local o nacional.
“Redistribuir el espectro sería dejar sin efecto o modificar autorizaciones concedidas, lo que significaría gravísimo atentado contra el estado de derecho y desconocer la palabra empeñada por el Estado”, consideró el expresidente del Congreso.
OTROS RIESGOS
Sin embargo, el tema ofrecería mayores peligros. Al respecto, el jurista advierte que, bajo el argumento de la protección a la población, se pretende soterradamente controlar los contenidos de las radios y televisoras, así como otros medios de similar característica. “Esto es una grave agresión contra la libertad de prensa y difusión de las ideas”, consideró.
“Además, nos hace acordar de la verborrea de las épocas del Velascato, que bajo el ropaje de declarar “actividad estratégica” se quiere controlar la emisión de información y programas, atentando contra el pluralismo informativo”, agregó Flores Aráoz.
Asimismo, el proyecto indica que se busca desarrollar la mayor cantidad de emisoras. El expremier apuntó que, si ello fuese así, no se necesita de una nueva ley, sino que con las que ya existen se puede abrir los concursos para otorgar más permisos y concesiones.
El proyecto señala también que busca “garantizar el interés de las grandes mayorías”. “Si tan preocupados están por ello, y también por la difusión de enseñanzas y cultura, tienen al Instituto de Radio y TV Peruana, que conduce el Canal 7 y Radio Nacional, que nada impide al Estado mejorar su calidad y ampliar su ámbito de servicio”, mencionó el político.
INJERENCIA
A través de este cuestionado proyecto se intenta también establecer “cuotas o porcentajes mínimos de producción audiovisual nacional”, lo que podría significar una injerencia en el manejo de empresas privadas por parte del Estado.
Asimismo, se estaría autorizando al Poder Ejecutivo a dictar normas para la debida aplicación de la ley, en caso de ser aprobada. “Esto es una delegación de facultades disfrazada, de suyo también inaceptable”, puntualizó Flores Aráoz.
Otro de los detalles que llama la atención del proyecto es el punto donde señala que “la televisión sustituye de alguna manera la función materna”.
“Parecería ser que quienes redactaron la norma, probablemente en esos momentos estuvieren perturbados por elementos extraños”, apuntó el jurista.
“Por último, estamos en un contrasentido, pues mientras el presidente Pedro Castillo, en los Estados Unidos, pretende generar confianza entre los inversores, en el Perú, su propia bancada parlamentaria le quita la alfombra con la presentación del proyecto de ley al que nos referimos, pues es claramente perturbador de la libertad de prensa”, sentenció el extitular del Congreso.
GRAVE AMENAZA
El proyecto de ley del parlamentario oficialista Abel Reyes busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”, lo que significaría el control de contenidos de los medios de comunicación y una grave amenaza a la libertad de prensa en el país.
El documento sostiene en su justificación que “el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la Nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales”
